Radiografía de la Línea Negra -entrega final-

Foto: Cortesía Agencia Renovación del Territorio ARN

La Línea Negra, en la Sierra Nevada de Santa Marta, “Corazón del Mundo”, como lo han llamado sus pobladores ancestrales, ha estado en el corazón de múltiples preguntas, en particular de una que nos invita a reflexionar sobre cómo asegurar la adecuada convivencia al interior del territorio que cobija esa Línea Negra. 

En entregas anteriores nos hemos dedicado a conocer la comprensión que tienen los cuatro pueblos que habitan la Sierra sobre la Línea Negra (LN), y sobre las medidas que consideran se requieren para proteger ese territorio; en esta nota, que concluye el ciclo de los artículos preparados sobre el acompañamiento de ‘Transformemos Territorios Construyendo Paz’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, nos dedicaremos a identificar una de las causas de los conflictos territoriales presentes en esa zona, y a describir una propuesta que nació en el seno de nuestra iniciativa para promover su gestión transformadora, desde el enfoque de Acción Sin Daño y Construcción de Paz (ASD-CP).  

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Para ello es necesario recordar que hace casi 50 años una resolución ministerial, derivada de un insistente proceso de diálogo promovido por las autoridades indígenas tradicionales con las autoridades estatales, dio inicio al proceso de construcción de un instrumento legal que estableciera las bases de reglamentación sobre cómo podría protegerse un territorio tan diverso ambiental y culturalmente como la LN, y cómo podría asegurarse el diálogo de visiones dentro de él, la convivencia de poblaciones indígenas y no indígenas, y el uso adecuado de sus bienes naturales, pues ésta es una zona que se extiende sobre 3 departamentos (Magdalena, La Guajira y Cesar) y más de una veintena de municipios en la costa Caribe colombiana. 

Esa Resolución ministerial fue la No. 002, del 4 de enero de 1973, y en ella se consagra el primer reconocimiento oficial dado por las autoridades estatales del orden nacional a la LN. 22 años después, la Resolución 837 del 28 de agosto de 1995, declaró que el territorio cubierto por la LN debía ser protegido, y que la identificación de su cobertura territorial era vinculante. Adicionalmente, la incorporación de instrumentos como la consulta previa y la acción de tutela, mediante la Constitución de 1991, han provisto de nuevas herramientas para proteger constitucionalmente ese territorio. 

El hecho reciente más significativo en la búsqueda de protección de este territorio se dio con la expedición del Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018. Según lo explicó el abogado Juan Pablo Muñoz, antiguo asesor de los pueblos indígenas de la Sierra, este es “una oportunidad de oro” para lograr la protección de este territorio ancestral.

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Muñoz afirma que “el decreto aspira cambiar esa mirada que tienen sobre el territorio ciertos sectores del Estado y ciertos sectores privados”. La norma de 2018 no solo reafirmó la vigencia de las resoluciones anteriores, fortaleciendo así el valor político de trazar una continuidad histórica del reconocimiento del territorio de la LN, sino que arrojó mayor claridad sobre los espacios a proteger, sobre su importancia en materia cultural y ambiental, así como sobre la coordinación que debería existir en un país que se reputa multicultural y diverso, en zonas donde coexisten las autoridades estatales y las autoridades tradicionales indígenas.

Ahora bien, Felipe Clavijo, asesor de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), considera que es hora de materializar la protección de la LN, conjugando todos los instrumentos que existen hasta la fecha, incluidos los mecanismos de ordenamiento territorial. “En el punto en el que estamos ahora, hay que llevar un paso más adelante esa protección, llenarla de contenido, darle un alcance material a esa protección de la LN”.

Por ello, la iniciativa que ha promovido la PGN, como integrante de ‘Transformemos Territorios Construyendo Paz’, es avanzar en la construcción de un instrumento integral de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, en general, en el cual se integre todo el territorio de la LN, de manera participativa y en estrecho diálogo entre las autoridades estatales, las autoridades indígenas y los sectores sociales de interés. “Lo que urge es pensar ese instrumento desde la lógica del ordenamiento territorial, proteger el territorio y establecer un balance entre costumbres y tradiciones, entre protección ambiental y social, entre poblaciones indígenas y mestizas, con el desarrollo y los intereses alrededor del mismo”, afirma Clavijo.

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De esta forma, si bien el interés principal es proteger el territorio, preservar su integridad ambiental, social y cultural, resguardar las tradiciones que allí se viven y practican, y cualificar la salvaguarda de sujetos merecedores de especial protección por parte del Estado, es también indispensable que dicho instrumento sirva para tejer la buena convivencia, el reconocimiento de la diferencia, y la coexistencia, pues el otro propósito de esta iniciativa promovida desde la PGN es contribuir a la gestión de conflictos territoriales, y a la prevención de otros en el futuro.

Para alcanzar esos objetivos, enfatiza Clavijo, un instrumento integral de protección para esa zona, no puede hacerse desde una metodología Top-Down en Bogotá, debe diseñarse a partir de un diálogo intercultural y social, teniendo como base la visión de los pueblos indígenas, habitantes ancestrales de esa región. Y, recuerda que así como los representantes del Gobierno se sentaron con los Mamos y las autoridades tradicionales de la Sierra para definir qué es la LN y cuáles los puntos de importancia cultural que la integran, asimismo hay que hacer en el proceso de construcción de una herramienta jurídica que contribuya a gestionar ese territorio.

Por esas razones ‘Transformemos Territorios Construyendo Paz’, ha apoyado la realización de una serie de espacios de diálogo y de concertación con las comunidades y autoridades de la Sierra, así como escenarios de interlocución con el Gobierno nacional y representantes de sectores sociales (que se han autodenominado los “Amigos de la Sierra”), con el fin de contribuir a la creación de dicho instrumento, del cual se espera que establezca unas líneas claras de protección del territorio y de relacionamiento con otras comunidades rurales y urbanas.

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En el futuro, la PGN espera contar con los insumos necesarios para producir una ley orgánica de ordenamiento territorial, como explica Clavijo, en la cual se contendrían las reglas básicas para la organización del territorio y el uso adecuado de los bienes naturales. A su juicio, ello permitiría reforzar la protección y cumplir la promesa constitucional de elevar a entidades territoriales los territorios étnicos. “Sería un gran avance que por fin concretáramos la promesa inconclusa de la Constitución de 1991 con la creación de las entidades territoriales étnicas. Su inserción en una ley orgánica sería un espaldarazo para ratificar en lo legal el alcance de la LN”, afirma el experto. 

Y, aunque el interés por una ley orgánica de ordenamiento territorial que incluya el concepto de ente territorial étnico es resultado de la búsqueda de mecanismos para proteger la Sierra Nevada de Santa Marta, una norma de este tipo sería aplicable en toda Colombia, y su creación supondría un hito jurídico en beneficio de muchas regiones del país con problemáticas similares, como la zona Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía o el Caribe. Sin duda, una propuesta para considerar dado los múltiples conflictos socio-ambientales que existen en todo el territorio nacional. 

 

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