¿Qué es el CDESC de la ONU y para qué sirve? Entrevista con Rodrigo Uprimny

Foto: Cortesía Dejusticia

No muchos en Colombia han oído hablar del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Se trata de un órgano semi-judicial que está integrado por 18 expertos independientes que a pesar de ser nombrados por los diferentes Estados, no representan a sus gobiernos, sino que poseen la independencia y la imparcialidad propia de los jueces.

Tal vez la característica de mayor relevancia de este comité radica en que, a pesar de que sus recomendaciones no son obligatorias, en principio los países deben cumplirlas de buena fe. Es decir, tienen fuerza jurídica y pueden ser invocados tanto en debates políticos como ante autoridades judiciales para fortalecer un argumento. Incluso, si las recomendaciones son lo suficientemente específicas en un determinado momento, puede buscarse la forma de que sean aplicadas por un organismo judicial o administrativo.

Para comprender mejor este tema que resulta de especial importancia tanto para organizaciones sociales como para defensores de derechos humanos a escala mundial, entrevistamos al abogado colombiano Rodrigo Uprimny, quien Uprimny, quien además de docente universitario e investigador en Dejusticia, es integrante electo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR):

Transformemos Territorios Construyendo Paz: ¿En qué consisten el pacto y el comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales?

Rodrigo Uprimny: Después de que fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que en principio no era obligatoria, ya que era una declaración y no un tratado, la comunidad internacional consideró necesario aprobar normas vinculantes para poner en marcha la declaración y que tuviera fuerza obligatoria y mecanismos de supervisión. Debido a la Guerra Fría no se pudo aprobar un solo tratado que desarrollara la declaración universal sino que en 1966 fueron aprobados dos tratados que son considerados los tratados madres del sistema internacional de protección de derechos humanos que son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

En ese contexto, el comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales es el órgano encargado de monitorear el cumplimiento por parte de los Estados del pacto. Para eso desarrolla esencialmente tres funciones.

Por un lado, revisa los informes de dichos Estados y a partir de ello les hace recomendaciones para mejorar la situación de derechos sociales, económicos y culturales.

Segundo, a partir del protocolo que fue entró en vigor hace unos diez años, el comité también revisa casos para aquellos estados que han ratificado el protocolo (Colombia no lo ha hecho), y en esos casos hace una especie de sentencia en donde concluye o no si hay una violación. A partir de ello, si hay violación, le hace recomendaciones al Estado respectivo.

Y tercero, el comité desarrolla observaciones generales que son aquellas en donde sistematiza su doctrina sobre el alcance de un derecho.

TTCP: ¿Cómo ha sido el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del comité?

R.U.: El nivel de cumplimiento de las recomendaciones del comité debe separarse del nivel del cumplimiento de sus doctrinas y observaciones generales, que yo creo que es relativamente alto en el sentido de que la Corte Constitucional las toma muy en serio.

En cuanto a las recomendaciones de las observaciones finales de la revisión de los estados, el balance es mixto. Es decir, algunas recomendaciones han servido para que organizaciones de derechos humanos o jueces impulsen el cumplimiento de esas recomendaciones y algunas han tenido cierto impacto. Pero otras no. El comité no tiene mecanismos fuertes para lograr forzar el cumplimento de las recomendaciones. Sí tiene algunos mecanismos de monitoreo que trata de establecer pero en la medida en que tiene que revisar 160 países cada cinco años, le queda imposible monitorear el cumplimiento de todas las recomendaciones. Entonces depende mucho de la capacidad de la sociedad civil de usar esas recomendaciones para promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) en los países respectivos.

En Colombia eso puede tener eficacia debido a que la Corte Constitucional ha entendido que la doctrina de los comités de Naciones Unidas son una especie de jurisprudencia internacional que debe ser tenida en cuenta por las autoridades, así no sea obligatoria.

TTCP: ¿Qué impacto que podría tener el pacto en cuanto al tema de acceso a la tierra?

R.U.: El comité en muchísimos casos frente a los Estados se ha dado cuenta de la importancia que tiene la tierra en distintas dimensiones para el goce de los Desc. En determinados momentos el acceso a la tierra es un elemento central para un derecho establecido en el pacto que es el derecho a  un nivel de vida adecuado.

En algunos casos, por ejemplo, el acceso a la tierra está asociado a problemas ambientales y de contaminación que pueden afectar el medio ambiente y así el goce de los Desc. El comité ha visto esos vínculos entre el tema de la tierra y el tema de los Desc y considera que debe hacer una observación general sobre eso.

Primero se elaboró un documento público para que hubiera un día de discusión general. Ahora se está trabajando en un primer borrador que sería público para que haya comentarios a este con miras a obtener un borrador final para analizarse en la reunión del comité en febrero de 2021.

TTCP: Qué importancia tiene el pacto para Colombia?

R.U.: Tiene una gran importancia para Colombia porque hace parte del bloque de constitucionalidad. Por consiguiente se considera que sus normas tienen rango constitucional. Así lo ha entendido la Corte Constitucional. Esto quiere decir que en caso de que haya temas relacionados con los Desc que no han sido desarrollados adecuadamente por la Constitución, uno puede invocar directamente el pacto para la protección de estos derechos.

Pero el pacto también es importante porque quienes defienden los derechos sociales pueden acudir al comité, no por medio de casos porque Colombia no ha ratificado el protocolo, pero sí para que cuando haya la revisión periódica del Estado cada cinco años se puedan plantear sus inquietudes.

De otro lado, la doctrina del comité ha sido muy importante para el desarrollo de los Desc en el mundo y en particular en Colombia. En muchísimas sentencias de la Corte Constitucional se invocan las observaciones generales del comité para concretar el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el caso del derecho a la salud o el alcance del derecho al agua.

 

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