Ordenamiento territorial: Soluciones de paz para el sur de Colombia

Vereda Norcasia, Florencia (Caquetá) Foto: Fundación Chasquis

Con la intención de ofrecer nuevas miradas, así como más y mejores recursos que sirvan como elementos para el análisis de las conflictividades por la tierra en Colombia, esta vez presentamos dos investigaciones realizadas por las universidades de Los Llanos y Amazonía, en el sur del país. 

La primera, acerca de la colonización y los conflictos por la tierra en el Alto Orteguaza, ubicado en el departamento del Caquetá. Y la segunda, sobre la ocupación campesina en el Parque Sierra de la Macarena, localizado en el departamento del Meta.

 

Colonización y conflictividad social en el Alto Orteguaza:

Según el informe, si bien se reconoce que el Estado colombiano ha buscado históricamente ordenar el territorios mediante acciones de política pública, tales como la normatividad asociada a la conformación de zonas de conservación ambiental o por medio de procesos de organización poblacional, como las juntas de acción comunal y otras estructuras comunitarias, también es cierto que algunas instituciones del Estado operan como la representación de intereses de un sector social definido, y desde esa postura construye la definición de lo territorial asignando vocaciones, usos, límites y formas de relacionamiento material y jurídico con la tierra.

“Es en esta función donde entra en crisis su prerrogativa sobre la definición de lo público, al operar bajo estos intereses y chocar con los intereses de otros actores que bajo distintas dinámicas históricas han entrado en confrontación y disputa no solo de la capacidad de decisión sobre lo público en espacios determinados, sino también del monopolio de la fuerza”, explica el texto.

 

En este escenario se destaca el trabajo de la Asociación Campesina Cordilleras de los municipios de Montañita, Florencia, Paujil y Doncello (ACOMFLOPAD), la cual intenta adelantar una propuesta de Zona de Reserva Campesina como una forma de gestión del conflicto por medio de la gobernanza territorial realizada desde la organización campesina. Se espera que con ello se facilite la formalización de la propiedad rural, el fortalecimiento de la economía campesina, la incidencia colectiva en la construcción de políticas públicas, el ordenamiento sostenible del territorio, y la contención de la frontera agrícola.

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El informe resalta, por ejemplo, la importancia de iniciativas como la de ACOMFLOPAD, la cual adquiere gran relevancia en la medida en que la organización campesina ha pasado por distintas instancias dentro de su búsqueda de la gestión y transformación del conflicto, donde ha adoptado formas de organización orientadas que inciden en el territorio, como la acción comunal, la participación electoral, los escenarios de coordinación con el actor armado ilegal, entre otros, donde ha sido la necesidad de permanencia en el territorio lo que ha orientado dicha búsqueda.

Y para los investigadores, “dicha permanencia en el territorio se ha visto amenazada por el conflicto armado, por los intereses sobre el uso de los recursos naturales del territorio, entre otros, siendo entonces el proceso de paz una oportunidad para que desde los mismos procesos comunitarios surjan propuestas que faciliten la transformación del conflicto territorial y el empoderamiento de liderazgos propios. Es en este escenario donde surge la apuesta por la conformación de la Zona de Reserva Campesina”.

Ocupación campesina en el Parque Sierra de la Macarena

Como explica este informe, la desigualdad de la tierra en Colombia dada su alta concentración, ha generado fenómenos sociales, políticos e institucionales que llevan al país a seis décadas de conflicto armado. 

“Con el precedente histórico de tres reformas agrarias fallidas porque entre otras, han sido formuladas a espaldas del campesinado y obedeciendo a intereses privados y a demandas de orden global más que local, lo que ha dado como resultado un escaso desarrollo rural territorial y ha agudizado además, el bajo acceso a la tierra, el aumento del trabajo informal en el campo, los despojos y desplazamientos, así como la expansión de los cultivos de uso ilícito”, afirma el reporte.

De ahí que dichas condiciones de precariedad del campesinado condujeran a que el Acuerdo de Paz pusiera al campo como prioridad en lo que se denominó como la Reforma Rural Integral (RRI).

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Sin embargo, para los investigadores, las dificultades jurídicas en este camino del posconflicto son múltiples, debido a que los territorios tuvieron dinámicas muy complejas, difíciles de contrarrestar mediante políticas públicas coherentes con las necesidades reales y los problemas estructurales que por años han vivido los pobladores rurales.

De ahí que el caso de la ocupación del campesinado en Parques Nacionales Naturales sea un buen ejemplo de lo anterior, en la medida en que en este territorio se identifica claramente la tensión entre dos derechos fundamentales: el de un ambiente sano y una calidad de vida. 

“Este es un proceso histórico sin resolver a la fecha, que requiere abordarse rigurosamente y con voluntad política, pero sobre todo, con reconocimiento de ciudadanos que han construido su proyecto de vida y el de sus generaciones en unos territorios colonizados persiguiendo el pedazo de tierra negado por condiciones mismas del conflicto o por situaciones de pobreza”, dice el texto.

A manera de recomendaciones, el informe propone, entre otros, continuar con el fortalecimiento de capacidades de las comunidades de las veredas de la investigación, para promover diálogos regionales a través de la mesa de uso, tenencia y ocupación a nivel nacional y regional, así como el abordaje de los conflictos desde un enfoque de Acción sin Daño que haga tránsito hacia la transformación de los conflictos.

También plantea que “se acompañe desde la Academia el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, respecto a la ruta específica para los ocupantes del parque, puesto que hace parte de las alternativas productivas de estas familias que en este momento se encuentran en riesgo por el detrimento de las condiciones de vida de las familias que habitan allí con el incumplimiento de lo acordado”.

 

 

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