UNA REFORMA INCONVENIENTE

Una propuesta para modificar la ley de Restitución de Tierras podría afectar seriamente a las víctimas del desplazamiento forzado, al Estado y al bolsillo de los colombianos.

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública en la que la sociedad civil presentó sus puntos de vista ante la Comisión Primera del Senado acerca de la propuesta de ley adelantada por el Centro Democrático para transformar la norma 1448 de 2011, conocida como Ley de Restitución de Tierras.

Al final de la jornada, la conclusión de nuestro socio Dejusticia y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue contundente: el proyecto modificatorio, de ser aprobado, supondría serias consecuencias tanto para los derechos de las víctimas del conflicto armado como para el Estado, e incluso para la sociedad colombiana, ya que implicaría mayores costos fiscales que deberían ser financiados con dineros del erario. Entre otras cosas, el proyecto propone la posibilidad de ofrecer a las víctimas una “reubicación en predio equivalente”, es decir, resarcir a quienes padecieron el despojo mediante el ofrecimiento de un predio similar al que les fue usurpado.
Al respecto, la subdirectora de Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la CCJ, Jhenifer Mojica, dijo que la reforma “elimina las garantías que la Ley 1448 tiene a favor de las víctimas y cambia el deber del Estado de restituirles el patrimonio arrebatado por el pago de una compensación que no corresponde a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”.

Aún más grave resulta la proposición de la reforma de incluir el concepto de “venta forzada”, según el cual podría privilegiarse a un conjunto de compradores de terrenos para que no tengan que devolver dichos predios. Es el caso de quienes adquirieron tierras a precios bajos, o en contra de la voluntad de los propietarios, aprovechando las circunstancias del conflicto armado. Ante esto, Dejusticia aclaró ante la Comisión Primera que esta sería una distinción injustificada, en perjuicio de quien tuvo que vender para huir, ya que la venta forzada también es una modalidad de despojo en términos jurídicos.

Por otra parte, el proyecto de ley también implicaría un impacto procesal negativo, debido a que introduce la posibilidad de apelar las decisiones que toma la Justicia en los casos de despojo, esto mediante la incorporación del principio de la segunda instancia o apelación, lo cual hará más largo cada proceso, además de requerir un mayor número de funcionarios del Estado para enfrentar esta sobrecarga de labores.
Finalmente, la reforma traería consigo mayores gastos para el presupuesto público, de donde tendrían que salir los recursos para cubrir procesos más largos que incluyen la segunda instancia. Además, porque la compra de los predios equivalentes representa un gasto que la restitución no tiene actualmente.

Con todo esto, más que revisar los pros y los contras de cada una de las 30 modificaciones que expone el texto del Proyecto de Modificación a la Ley 1448, valdría la pena que la Comisión Primera del Senado, que se encuentra actualmente estudiando la reforma, tuviera en cuenta las consecuencias negativas que podría tener para el país el apresurarse a alterar una norma que según la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, a agosto de 2018 había posibilitado restituir 6.518 predios en 4.465 sentencias y proteger el derecho a la restitución de 41.066 personas.

No hay que olvidar que, como afirma la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), “el desplazamiento forzado en Colombia, representa cerca del 95% del total de víctimas del conflicto armado incluidas en el Registro Único de Víctimas, y de acuerdo con la III encuesta de verificación, el 94% de la población desplazada perdió bienes inmuebles, especialmente tierras”.

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