Sentencia T-194: Veinte años de esperanzas e incumplimiento, y contando…

La ciénaga en verano. Vereda San Pablo, Lorica (Córdoba) Foto: Fundación Chasquis

La sentencia T-194 de la Corte Constitucional (1999) ordenó en su momento, en segunda instancia, una serie de acciones de inmediato cumplimiento que incluían la suspensión irregular de terrenos públicos en los márgenes de las ciénagas del departamento de Córdoba, medidas de protección para los ecosistemas de la zona y supervisión del impacto en la región a causa del funcionamiento de la represa de Urrá, entre varias otras. 

Es decir, han pasado más de 20 años desde que una nómina de lujo encabezada por Carlos Gaviria (q.e.p.d.) y José Gregorio Hernández dictara esta sentencia sobre la tutela “contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica -CORELCA-, y la sociedad de economía mixta, comercial e industrial del Estado Empresa Multipropósito Urrá S.A., por la presunta violación de los derechos a la vida, la salud, el trabajo y un medio ambiente sano”, como reza el texto de la Corte.

Sin embargo, para algunos expertos y sobre todo para los habitantes de la región, hoy es urgente la revisión del impacto real de una medida diseñada para la protección de las comunidades y del medio ambiente, pero que tuvo que navegar sobre las turbulentas aguas de un contexto marcado a partir de 2002 por un Gobierno con una interpretación poco alineada con la del campesinado acerca los derechos sobre la tierra, y por el desmonte de varias instituciones asociadas a temas de reforma agraria, como el Idema. 

Pablo Ramos Barón, ecólogo e investigador del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana (OTEC), afirma al respecto: “Llevamos 20 años pegándonos de una sentencia que nos da esperanza pero que le da órdenes a instituciones que ya no existen”. 

De ahí que, como nos explica el fundador del OTEC, Juan Carlos Betancourt, esta sentencia necesita ser actualizada. Especialmente porque la realidad colombiana a 2019 es muy distinta a la de hace dos décadas, y hoy en día, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz con todos sus componentes de restitución, las comunidades han entendido como prioritario el reclamo de su derecho a la tierra que habitan, y de la cual han obtenido durante generaciones su seguridad alimentaria. 

El principal problema radica en que las comunidades anfibias de la región se enfrentan actualmente al meollo jurídico que implica el ser habitantes de terrenos baldíos inadjudicables. 

Para Betancourt, entonces, la pregunta clave ahora es: ¿Qué pasa con las 50.000 solicitudes de restitución de tierras que no están siendo tramitadas en Colombia por razones similares dentro de la política de restitución, y que requieren de una jurisdicción agraria que pueda darle solución a estos conflictos que no están en manos de jueces civiles o de restitución?

“Por eso la necesidad de una jurisdicción agraria y unos jueces que den solución a conflictos como los que hay en Córdoba en este tipo de ocupaciones sobre la tierra”, concluye el experto. 

Acerca de esto, Ramos Barón considera que es indispensable que las comunidades también se pregunten: ¿Qué son esas nuevas cosas que necesitamos de la sentencia después 20 años?

Por esa razón, viajamos a Montería, en donde tuvimos la oportunidad de conocer los puntos de vista de los pescadores y labriegos de la región del Bajo Sinú. 

Rafael Llorente, campesino del municipio de Momil, nos advierte que es importante socializar las problemáticas actuales para obtener un respaldo masivo a la postura de las organizaciones que buscan mejorar las condiciones de vida de la población. “La masa real de cada municipio que se beneficia de la ciénaga y que también está perdiendo su área de trabajo, esa no la estamos involucrando. Y sin una masa fuerte que nos apoye no nos hacemos sentir”. 

Por su parte, el pescador Enildo Cantero, del corregimiento de Cotocá Arriba, subraya no solamente la necesidad de buscar financiación para hacer actividades grandes que involucren a la población en la búsqueda de soluciones, sino que lanza un llamado a los mismos líderes comunitarios para que comiencen con la labor de difusión de su trabajo en sus propias casas. “Si empezamos así, entonces no somos pocos. Somos muchos”, afirma.

Rafael Coronado, campesino de Ciénaga de Oro, enfatiza la urgencia de involucrar más a la Academia en las causas de la comunidad, especialmente en todo lo referente con las problemáticas ambientales. Para él también es indispensable que las organizaciones sociales, como grupos estructurados que son, puedan invitar a la zona a los organismos ambientales nacionales e internacionales para que contribuyan en las tareas de conservación.

Finalmente, tanto el líder comunitario Candelario Daza de la vereda San Pablo como el profesor e investigador Emilio Ramón Villera coinciden en un aspecto que consideran fundamental: la reconstrucción del polígono del complejo lagunar. “Si nosotros no reconstruimos todo el amojonamiento de la ciénaga, no habrá dónde hacer la aplicación de los derechos sociales, económicos, campesinos y culturales”. 

Ante este panorama, resulta entonces prioritario hacer un análisis no solo de las necesidades actuales de los campesinados que residen en el complejo cenagoso del Bajo Sinú con miras a una necesaria actualización de la Sentencia T-194, la cual constituye un hito en la búsqueda de la conservación y protección del medio ambiente, así como de la cultura y la vida misma de las comunidades de este territorio, sino también fortalecer los vínculos entre población, instituciones gubernamentales y Academia, para que la próxima vez que la Corte Constitucional dicte un fallo acerca del tema, la ley no se quede en esperanzas durante otros veinte años. 

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