Segundos ocupantes: Un asunto del que dependerá la legitimidad de la restitución -primera entrega-

Vivienda campesina- Foto: archivo Fundación Chasquis.

Una de las principales dificultades para la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, creada hace ocho años para devolver los predios a quienes fueron desplazados de estos en el marco del conflicto armado, es la respuesta institucional que se le ha dado a la figura de los segundos ocupantes. 

De ahí que resulte imprescindible comprender no sólo las causas de esta problemática sino también las complejas aristas de un tema del que depende en gran medida la consecución de paz en los territorios. 

Pero para entender mejor esta figura, cómo ha sido la respuesta estatal frente a los segundos ocupantes tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, y cómo debería abordar la institucionalidad esta cuestión, analizaremos en un especial de dos entregas el informe(1) preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en el marco de la iniciativa ‘Transformemos Territorios Construyendo Paz’, sobre este asunto. 

Lo primero que hay que entender antes de entrar en materia es quiénes son los segundos ocupantes. Básicamente, se trata de “personas que por múltiples razones habitan y/o extraen su sustento de los predios abandonados o enajenados por las víctimas del conflicto”, como explica el reporte. 

La investigación, cuyos planteamientos surgen del estudio de diez casos tipo en la subregión de Montes de María (Sucre), explica que actualmente existen desafíos en la implementación de una respuesta institucional a la problemática de los segundos ocupantes en la política de restitución de tierras. Un problema estructural se debe a que en la legislación sobre víctimas y restitución no se concibieron desde un inicio medidas para resguardar los derechos de esta población. 

El problema actual tiene su génesis en la misma formulación de la Ley 1448 de 2011 y de la legislación sobre víctimas en general, ya que ésta, al poner el foco de atención sobre las víctimas del conflicto, no previó un marco legislativo para las situaciones que pudieran surgir en relación con los segundos ocupantes, a quienes la ley les exige acreditar la buena fe exenta de culpa(2) a la hora de haber adquirido un predio determinado. 

Esto en último quiere decir que dicho segundo ocupante, en su calidad de opositor en un proceso de restitución, debe demostrar su buena fe para poder recibir una compensación tras devolver una propiedad a su dueño original. El problema radica en que para muchas personas que adquirieron predios y que no estuvieron involucrados en situaciones de despojo esto no es una tarea fácil, dada la complejidad de las realidades del conflicto colombiano.

De hecho, como explicaba hace un par de años Semana Sostenible en un reportaje, “esto se convirtió en un dolor de cabeza para la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pues muchos magistrados le devolvían el predio al reclamante y ordenaban desalojar a quien lo ocupaba, sin darle ningún tipo de compensación”. Y en muchos casos se trataba de personas que no pudieron demostrar dicha buena fe exenta de culpa, a pesar de que no tuvieron relación con los despojadores ni obtuvieron en forma ilegal su predio.

Aparece aquí, entonces, una definición a la que tendrá que prestársele mucha atención en adelante: ocupantes secundarios con vulnerabilidad sobreviniente. En pocas palabras, se trata de aquellas personas que no parecen estar en condición de vulnerabilidad al momento de un proceso de restitución, pero que sí podrían caer en dicha situación tras la entrega material de su predio. Además, como aclara el informe, es alguien que “no es víctima del conflicto armado, no estuvo involucrado en acciones de despojo o abandono forzado del inmueble ni se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas o sacó ventaja del contexto del conflicto”. 

Según el reporte, a medida que avanza la implementación de la política restitutiva en el país, se ha venido haciendo más y más evidente la existencia de esta figura, para la cual no existe aún una jurisprudencia definitiva que establezca medidas de atención. Para los investigadores de Dejusticia y de la PGN, la situación jurídica de estas personas, quienes por lo general no consiguen demostrar la buena fe exenta de culpa, es uno de los grandes retos que enfrenta hoy la restitución. 

Y aunque no exista todavía una jurisprudencia definitiva sobre este punto, la investigación subraya que la Corte Constitucional asoció la vulnerabilidad de los segundos ocupantes a “condiciones de debilidad manifiesta en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia” con el fin de flexibilizar o incluso inaplicar el estándar de la buena fe exenta de culpa(3).

Debido a todo lo anterior, el estudio propone a las instituciones poner atención especial a este tema, ya que no atenderlo podría “minar la legitimidad de la política de restitución y socavar el propósito de reconciliación inherente a los mecanismos de justicia transicional”. 

Ahora bien, el informe aclara que es fundamental limitar el alcance de la categoría de vulnerabilidad sobreviniente “para evitar que a través de ella se legitime cualquier forma de despojo”. 

Por ello, los investigadores enfatizan en que “los segundos ocupantes a quienes legítimamente se puede atender son aquellos que de entrada no son vulnerables porque gracias a un proceso de movilidad social ascendente apenas han superado las condiciones de vulnerabilidad, pero no han logrado estabilizar plenamente su situación y por eso, ante cualquier revés, pueden caer en una situación de vulnerabilidad”.

En nuestra próxima entrega revisaremos cómo ha sido la respuesta institucional ante los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad sobreviniente, y analizaremos la importancia de una adecuada caracterización de los mismos por parte de las entidades a cargo de esta tarea. Además, echaremos un vistazo a las recomendaciones que hace el informe, especialmente al Ministerio Público, para contrarrestar las problemáticas observadas y para sugerir cursos de acción que podrían ser extensivos a otras situaciones de ocupación secundaria en diferentes regiones del país. 

Finalmente, para cerrar esta primera de dos entregas, hablamos con el procurador delegado nacional de Asuntos Agrarios y de Tierras, Diego Trujillo, así como con otros funcionarios de la PGN para conocer el trabajo y la postura de la institución frente al tema de los segundos ocupantes en el país. A continuación, el resultado de esta conversación:

(1) ‘Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: entre la omisión legislativa y la vulnerabilidad sobreviniente’.
(2) Quienes actúen como terceros opositores dentro de los procesos de restitución tienen que demostrar, para obtener compensación si se ordena la restitución del predio, no solo que actuaron de buena fe sino que ejercieron la diligencia y el cuidado debidos y que incurrieron en un error común de hecho que resultaba inevitable.
(3) Sentencia C-330 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional colombiana, todas las decisiones relacionadas con los segundos ocupantes tienen que ser adoptadas obligatoriamente por los jueces de restitución.

Fuente: Informe ‘Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: entre la omisión legislativa y la vulnerabilidad sobreviniente’.

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