Recomendaciones al Ministerio Público para encarar el tema de segundos ocupantes – segunda entrega –

Vivienda rural corregimiento El Floral, Ovejas (Sucre) Foto: Fundación Chasquis

Como explicamos en la primera entrega  de este especial acerca de los segundos ocupantes, este es un tema que requiere una atención especial por parte de las instituciones del Estado, ya que de él depende en buena medida la legitimidad de la actual política de restitución de tierras en Colombia.

Por ello, en esta segunda entrega analizamos nuevamente el informe ‘Los segundos ocupantes en el proceso de restitución de tierras: Entre la omisión legislativa y la vulnerabilidad sobreviniente’(1). Esta vez para abordar las recomendaciones que hace el estudio al Ministerio Público, en especial a la Procuraduría General de la Nación (PGN), para contrarrestar las problemáticas generales observadas durante la investigación. Y especialmente, como aclara el reporte, para “sugerir cursos de acción al Ministerio Público en su rol de garante de los derechos fundamentales de los segundos ocupantes.

El informe, elaborado por Dejusticia y la PGN, clasifica sus recomendaciones en tres categorías: procesales, extraprocesales y segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad sobreviniente. A continuación examinaremos estas sugerencias en líneas generales, y aclaramos que cada una de ellas se encuentra ampliamente desarrollada en el documento, el cual también contiene un anexo acerca de los casos específicos que fueron analizados durante la investigación. 

En cuanto a las recomendaciones procesales, es decir, durante las etapas administrativas y judiciales de un determinado caso, el estudio propone a los procuradores judiciales lo siguiente:

Primero, alertar a la Defensoría del Pueblo durante la etapa administrativa sobre los posibles actos que conduzcan a la vulneración de los derechos de los segundos ocupantes. Y durante la etapa judicial, sugerir acciones a los jueces y magistrados de restitución para que estos puedan tomar decisiones acertadas en relación con dichos segundos ocupantes. 

Segundo, verificar que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) haya realizado una caracterización socioeconómica de los segundos ocupantes. También se recomienda a los procuradores judiciales chequear que la Defensoría del Pueblo se encuentre ejerciendo la defensa de esta población. De darse lo contrario en ambos casos, es aconsejable acudir a los jueces para que estos ordenen a esas instituciones cumplir con esas obligaciones. 

Y tercero, el documento insta a crear espacios de diálogo con la Defensoría para abordar los lineamientos que imparta la PGN con respecto a los segundos ocupantes.

La recomendación principal a tener en cuenta durante la etapa extraprocesal apunta a lograr una acción articulada entre Procuraduría y Defensoría para abordar los casos de ocupaciones secundarias. El informe explica que esto es clave “para nivelar la cualificación de funcionarios del Ministerio Público y para consolidar una defensa unificada de los intereses de los segundos ocupantes”. 

Finalmente, frente a los segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad sobreviniente, el reporte sugiere aplicar el concepto de segundo ocupante “a aquellas personas que, si bien durante el proceso de restitución no están en condiciones de vulnerabilidad, sí exista una alta probabilidad de que terminen en dicha condición tras la entrega material del predio restituido si la sentencia es favorable a los intereses del reclamante”.

En este último punto, el informe también hace un llamado a los magistrados para que antes de decidir acerca del reconocimiento de la calidad de un segundo ocupante, evalúen también el impacto de la restitución en las condiciones socioeconómicas de dicha persona. Para ello, recomienda exigir un análisis específico del tema por parte de la URT.

Como cualquier otro tema relacionado con el actual proceso nacional de restitución de tierras, el de los segundos ocupantes no es una tarea fácil. Enfrenta, igualmente, grandes retos. Se espera, asimismo, que las instituciones estén a la altura de dichos desafíos. De ahí que instrumentos como este informe sean significativos para adelantar esta tarea. Especialmente si tenemos en cuenta que las anteriores recomendaciones, resultado de los diez casos analizados por los investigadores en el departamento de Sucre, podrían resultar extensivas a otras situaciones de ocupación secundaria en las diferentes regiones del país. 

Se trata de aquellas personas que no parecen estar en condición de vulnerabilidad al momento de un proceso de restitución, pero que sí podrían caer en dicha situación tras la entrega material de su predio. Es alguien que no es víctima del conflicto armado, no estuvo involucrado en acciones de despojo o abandono forzado del inmueble ni se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas o sacó ventaja del contexto del conflicto.

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