Radiografía de la Línea Negra -primera entrega-

Séshizha, en lengua Kággaba. Shetana Zhiwa, en Damana. Seykutukunumaku, en Iku; nombres distintos con un mismo significado para los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada colombiana. La Línea Negra, en castellano.

Foto: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

Con este primer reportaje iniciamos una serie de tres entregas para ayudar a entender qué es la Línea Negra, cuáles son sus problemáticas así como el camino jurídico que han recorrido sus defensores, cuál es la importancia de su protección y cuáles los riesgos que implica tanto para los pueblos ancestrales y otros habitantes locales, como para Colombia y el mundo el no protegerla adecuadamente ante las amenazas que enfrenta.

En términos sencillos, la LN es la delimitación de un área de importancia cultural de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, lo primero que hay que saber acerca de la LN es que no es posible comprender su importancia sin antes superar la estricta visión occidental para poder hacer una mirada más integral sobre el territorio.

Por ejemplo, es imprescindible señalar que en cuanto a la cartografía de la LN “las comunidades indígenas de la Sierra poseen sus propias formas de representación que les han permitido durante siglos entender y proteger el macizo”, como subraya el Documento Madre de la Línea Negra -Jaba Séshizha- elaborado por el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada Nevada (CTC) en el año 2015.

En la Línea Negra, los pueblos indígenas ven una serie de puntos integrados e interconectados, cada uno de los cuales representa alguno de los centenares de espacios que hacen parte de su cosmovisión. Para las comunidades, estos espacios y su conectividad son de carácter esencial para su pervivencia. Es decir, las afectaciones en uno solo de ellos implica un impacto en la totalidad.

Jaime Luis Arias, líder kankuamo y secretario técnico del CTC, explica la LN como una demarcación que representa un mandato ancestral sobre el territorio tradicional de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. “Para nosotros, desde el origen, los padres espirituales ordenaron ese espacio de vida como un sistema integral que representa los códigos y los mandatos para cuidar la naturaleza”, aclara.

En opinión de Juan Pablo Muñoz, abogado y exasesor jurídico de los cuatro pueblos indígenas, “estos buscan mostrarle al mundo que cumplen una función social y ecológica”.  Es decir, que el mandato del que habla Arias no propende por un interés particular sino que está enfocado en el bienestar del planeta. Recordemos que la Sierra Nevada de Santa Marta fue declarada Parque Nacional Natural de Colombia en 1964 y Reserva de la Biósfera de la Unesco en 1979. Además, hace seis años este lugar fue catalogado por un grupo de científicos como el primero en la lista de reservas naturales consideradas irremplazables en el mundo. Su relevancia, pues, es de carácter global, y acciones como su cuidado y conservación, míreles por donde se les mire, apuntan al interés general. Por ende, los riesgos sobre este territorio merecen igualmente la atención nacional y global.

Actualmente, las problemáticas que más preocupan al secretario técnico del CTC están ligadas a la explotación de recursos, especialmente la minería, a proyectos de infraestructura tanto de crecimiento urbanístico como de instalación de puertos o represas, a actividades turísticas, e incluso a determinados procesos de investigación de campo. Para él, estas acciones que desconocen el valor de esos espacios “destruyen y rompen el equilibrio espiritual, cultural y ecológico de los ecosistemas”.

Según expertos en la materia, además de la deforestación que produce, la minería está carcomiendo la base de la montaña, cortando el ecosistema que comunica los cuerpos de agua. Problemas como la falta del líquido vital en Santa Marta o La Guajira van a empeorar si no se protege la Sierra Nevada.

Además de lo anterior, hubo desinformación entre autoridades locales tras la expedición del decreto de 2018, básicamente por desconocimiento del marco jurídico en el que se encuentra. Algunos funcionarios creyeron que el decreto implicaba nuevos derechos para las comunidades, y que podía implicar desalojos de habitantes no étnicos, o que podría quitarle gobernabilidad a las entidades del Estado. Y no es así.

Ahora bien, el decreto hace parte de otros instrumentos jurídicos en su misma línea. El decreto tiene dos antecedentes claves en la resolución 002 de 1973, que fue el primer paso en el reconocimiento de esa territorialidad; y en el decreto 837 de 1995, que confirmó el reconocimiento de las topolíneas indígenas en el territorio. Lo que hizo el decreto, además de ampliar de 54 a 348 los sitios sagrados reclamados por los pueblos, fue actualizar esos instrumentos jurídicos vigentes y lograr que se impulsara un nuevo ejercicio para oficializar la ubicación de esos lugares sagrados y sus límites y linderos para así dar mayores garantías al territorio.

De hecho, una buena forma de comprender este tema es a través de sus antecedentes jurídicos. Pero esa es una historia que contaremos en la segunda entrega de este especial sobre Séshizha, o Shetana Zhiwa, o Seykutukunumaku, o la Línea Negra, como se prefiera.

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