Las victorias jurídicas de los campesinos en el caso Las Pavas

Más de doce años han pasado desde que el Estado colombiano tuvo conocimiento del caso de la finca Las Pavas. Durante este periodo la comunidad, víctima de violencia paramilitar y desplazamiento forzoso en repetidas ocasiones, ha obtenido una serie de triunfos jurídicos que le han permitido no solo defender sus derechos sino también consolidar su caso como un ejemplo emblemático en materia de restitución de tierras en Colombia.

Los campesinos de Las Pavas durante la exposición transmedia “Les voy a contar la historia”. Feria del Libro de Bogotá 2014. Foto: Fundación Chasquis

Hablamos con el abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, Juan Felipe García, quien ha estado al frente del proceso legal por más de diez años, para entender cómo esta comunidad ha resistido pacíficamente y se encuentra hoy ad portas de ganar la batalla definitiva contra la violencia y el monocultivo extractivista.

Para García, existen tres elementos fundamentales que explican por qué los campesinos de Las Pavas están próximos a obtener dicha victoria legal.

El primero tiene que ver con la sensatez de los labriegos para evitar entrar en el círculo de violencia cada vez que los grupos paramilitares llegaron a desplazarles. Vale la pena resaltar que, a pesar de las amenazas, ningún miembro de la comunidad ha sido asesinado. El segundo es la decisión de acudir al Estado como garante de sus derechos. Ha sido precisamente en los tribunales donde se ha ido consolidando su derecho a la tierra y donde se obtuvo el reconocimiento de su calidad de víctimas. Y el tercero es la búsqueda de respaldo a su causa entre organizaciones tanto nacionales como internacionales. Esto último ha permitido construir un escudo mediático para la protección de la vida del campesinado.

Ahora bien, qué mejor manera de entender el caso que a través de las victorias jurídicas de las víctimas en los estrados, sobre todo si se tiene en cuenta que el de Las Pavas, por sus características, es un hecho altamente representativo de muchos otros ocurridos en comunidades del Valle del Río Magdalena. Es decir, su desenlace podría marcar un hito en materia de justicia para toda la región.

Lo primero que hicieron los campesinos en 2006 al regresar a Las Pavas para continuar extrayendo de esta hacienda su sustento, fue solicitar al Estado un proceso de extinción de dominio sobre el predio. Habían pasado tres años desde que fueron desplazados por primera vez de estas tierras por un grupo de 40 hombres armados pertenecientes a grupos de autodefensa y enviados por Jesús Emilio Escobar Fernández, antiguo propietario de la finca y reconocido por sus vínculos con el líder paramilitar Fidel Castaño y su clan. Tres años durante los cuales Escobar Fernández mantuvo el terreno en completo abandono, razón suficiente en términos de legislación colombiana para dar trámite a la extinción de dominio solicitada por los labriegos.

Sin embargo, para el año 2007 Escobar Fernández, a pesar del proceso legal en curso, vendió la hacienda a la empresa Grupo Daboon y a la compañía de monocultivo de palma de aceite Aportes San Isidro. Esto desembocaría dos años más tarde en un nuevo desplazamiento de la comunidad, esta vez a manos de la Policía y por orden de la Alcaldía de El Peñón, a pesar de que el Decreto 747 de 1992 prohíbe literalmente en su artículo quinto que las autoridades desalojen un predio donde se desarrolla un proceso agrario administrativo.

Ante el suceso, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana interpuso una tutela que hasta 2011 le daría la razón en los estrados a los campesinos. La mismísima Corte Constitucional fue la que declaró la ilegalidad del desalojo. Primera gran victoria.

A partir de entonces comenzaron los ataques sistemáticos en contra de la comunidad. Las principales agresiones provinieron de un grupo privado de seguridad contratado por Aportes San Isidro. Ante tales hechos se interpuso una denuncia que concluyó con la revocación de la licencia de funcionamiento a dicho grupo, ya que sus integrantes, por ley, solo podían cumpir labores como escoltas y no como vigilantes del predio. Segunda victoria y contando.

Posteriormente, también en los estrados, se comprobó que el líder de dicho grupo privado de vigilancia había quemado casas y torturado a seres humanos, entre otros delitos.

Vino después una arremetida inesperada por parte de la empresa palmera. Se dividió a la comunidad y se crearon nuevos liderazgos para desestabilizarla. La consecuencia más visible de esto se presentó cuando un miembro de la comunidad fue llevado a hacer declaraciones extrajuicio para presentar la versión de que los campesinos de Las Pavas no eran realmente desplazados y que sus denuncias no eran más que un montaje. Su testimonio le daría la vuelta al país a lomo de los medios masivos de comunicación.

Lo anterior sería el abrebocas para que la Fiscalía Quinta de Cartagena declarara a los campesinos como falsas víctimas, en un proceso en el que se acogió la versión de Escobar Fernández sin contraparte alguna. Fue tal la desproporción del trámite que la investigación sesgada concluyó que en el caso jamás hubo paramilitarismo, e incluso se acusó a los labriegos de colaboradores de la guerrilla. Además, se llegó a hablar de un complot conformado por las organizaciones que respaldan a los campesinos, entre las cuales se hallaba el Gobierno británico. Es decir, se incluía en dicha trama a la mismísima reina Isabel II.

Tendría que ser la propia fiscal general de la Nación de aquel entonces, Viviane Morales, quien fuera personalmente a la zona para determinar si en Las Pavas había o no falsas víctimas. Tras su visita, Morales ordenó inmediatamente reabrir la investigación. Esta se cerraría en 2013 a favor de la comunidad, desestimando el fallo de la Fiscalía Quinta de Cartagena. Tercera victoria.

La cuarta, ese mismo año, llegó cuando por fin se le dio la razón a los campesinos en los tribunales y se concluyó en su favor el proceso de extinción de dominio iniciado siete años atrás. Sin embargo, desde entonces, hace ya seis años, Aportes San Isidro apeló la decisión ante el Consejo de Estado. Y hasta el sol de hoy no se ha tomado una decisión definitiva.

Se espera, pues, que este año haya un fallo del Tribunal de Cartagena al respecto. Según García, “hay una responsabilidad moral, social y jurídica de combatir la impunidad en el delito de desplazamiento forzado. Hay un grupo de campesinos que en 16 años no han tenido justicia en el campo penal después de un esfuerzo vital de la Fiscalía por llegar a los responsables, y la Judicatura no puede, por un error de legalidad o de interpretación, fallar mal”.

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