Justicia Transicional en Colombia: La JEP es una oportunidad que el país no puede perder

“Todas las medidas de la Justicia Transicional son polémicas. En su naturaleza está serlo porque cuando se quiere enfrentar la atrocidad de una guerra, nada parece suficiente. Pero solo la Justicia Transicional nos puede permitir como país que los ciclos de violencia que sufrimos no se repitan”, asegura Nelson Camilo Sánchez León, experto en Justicia Transicional, magíster en Derecho Internacional de Harvard, y profesor de la Universidad de Virginia. Hablamos sobre la JEP, como sistema de Justicia Transicional para Colombia, y de la posibilidad de una Justicia Transicional Agraria en el país. Apartes de la conversación.

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La Justicia Transicional (JT) es un sistema alternativo al de la justicia ordinaria, que se ha usado en el mundo para resolver conflictos de orden político que han tenido larga duración y violaciones masivas a los Derechos Humanos, y que, por ende, han dejado millones de víctimas para quienes debe crearse un sistema que permita acercarlas a la reparación y a la no repetición de los hechos. “El gran tema de la JT es cómo se conecta el pasado con el futuro, con medidas que puede adoptar una sociedad que está en una crisis y que quiere salir de ella, intentando conservar la estabilidad democrática sin olvidarse de lo sucedido”, explica Sánchez León.

El énfasis de la JT en las víctimas ha llevado a que en el país, particularmente en el tema de las penas para los agresores, este tipo de justicia haya sido tildada con desacierto como favorecedora de la impunidad. Le sirve más a una madre saber dónde están los restos de su hijo desaparecido y asesinado, que saber que el asesino está tras los barrotes por más años. “En todas las sociedades donde se ha hablado de medidas para enfrentar el pasado, se tocan nervios fundamentales. Especialmente en el contexto colombiano, que no es el de una Justicia Transicional que vino años después de una situación política polarizada sino que ocurre en el momento presente; y más en esta época de nuevos medios de comunicación y redes sociales en la que discursos facilistas basados en la mentira adquieren gran capacidad de movilización”, señala el experto.
De otro lado, “en una sociedad con 8 millones de desplazados, no se puede esperar a que todos puedan ir a donde un juez civil ordinario para poderse quejar. Ahí es donde cobra sentido pensar en alternativas, que además entiendan la magnitud de los hechos; porque las causas no corresponden a situaciones ordinarias sino que están mediadas por un conflicto, y por ello se deben revisar las razones que lo generaron. No es simplemente la idea de que, por ejemplo, alguien se quería quedar con una tierra porque cuesta equis dinero, sino que se abre una caja de Pandora que muestra si esa tierra corresponde a un lugar estratégico, qué intereses hay, qué sectores se benefician, etc. Se hace necesario ampliar el paradigma, y el juicio civil no es suficiente. Necesitamos correr la cortina y ver cuáles fueron los móviles, quiénes los beneficiarios, a qué respondían.

“Sólo poder rastrear estos hechos permitirá ver el camino para la no repetición, que es la gran oportunidad que tiene el país con la JT en la coyuntura actual: implica que la sociedad entienda que debemos hacer un alto al conflicto y que eso significa cerrarlo bien; de otra manera sería como tener humedad en una pared y que no sirviera de nada arreglarla una y otra vez si no se quita la fuente del daño”.

“Si solo se logra desmantelar un grupo armado, bien sea por la vía militar o por la vía de la negociación, pero no se hace justicia respecto a lo que pasó, van a quedar abiertas discusiones de lado y lado que van permitir que el ciclo de violencia se repita. Por eso, el concepto de JT es mucho más amplio y comprensivo que el de la justicia ordinaria.

“De otro lado, las víctimas en Colombia han alcanzado por fin visibilidad gracias a sus esfuerzos estoicos; ellas merecen la solidaridad de un país en el que han ocurrido hechos atroces. Por ejemplo, en materia de propiedad rural Colombia tiene cifras masivas de desplazamiento y despojo, y en la justicia ordinaria ¡el capítulo sobre los bienes aún tiene normas que están en el Código Civil que tradujo Andrés Bello a partir del código civil que venía de tiempos de Napoleón! Es fácil entender entonces que la justicia ordinaria difícilmente lograría darles resultados a las víctimas y que, en cambio, muy probablemente las revictimizaría.

“Por eso La JEP es una oportunidad que el país no puede dilapidar. Una vez con las reglas de procedimiento claras, la JEP tiene el desafío de consolidarse, pues como toda institución nueva requiere cierto tiempo para crear su identidad, afianzar sus procesos y empezar a procesar casos; que haya decisiones rápidas por parte de cada una de las salas, y se vean los resultados”.

Justicia Transicional Agraria: ¿sueño o realidad?

“Uno de los puntos neurálgicos que podría conectar todo el proyecto de JT con lo territorial es la jurisdicción agraria, pues son los jueces agrarios los que realmente están más cercanos a lo territorial, a los conflictos, a la ruralidad.

“La expectativa con la JT agraria es muy grande porque la deuda del país es muy grande. A pesar de toda la ruralidad que tenemos, de los millones de personas viviendo en los territorios y del importante potencial de explotación del campo, en Colombia realmente nunca ha habido Derecho Agrario. Este se creó a finales de los 80 pero nos quedamos esperando a que nombraran los jueces agrarios, lo cual nunca sucedió. Fueron los jueces civiles los encargados de aplicar el Derecho Agrario, hasta que fue languideciendo y murió.

“Por eso la jurisdicción especial agraria es tan importante: significaría tener por primera vez una jurisdicción como la han tenido otros países latinoamericanos, y para que eso ocurra necesitamos que el Congreso de la República tome el liderazgo. Hay una fuerte discusión sobre de qué forma deberían pasar los jueces por el Congreso: si a través de una jurisdicción, o como un grupo especial, o como jueces de una jurisdicción que ya existe y que tiene cierto rango específico. Nos encontramos en un momento con muchas decisiones por tomar.

“El riesgo es que el Gobierno no legisle. Dependiendo de qué ruta jurídica tome el Congreso, podría hacerlo mediante una reforma constitucional o mediante una ley. Si es a través de reforma, el Congreso debe hacerla en 8 debates durante 2 legislaturas. En lo personal no creo que se necesite una reforma constitucional. Una ley ordinaria podría hacerlo.

“El punto es que en los últimos 8 años de Gobierno nunca hubo una visión unificada del tema de tierras. Había promotores de una visión cercana a la restitución y otros de una cercana a la explotación, y al final no hubo acuerdo. El Gobierno no lo ha discutido; el ministerio de Justicia y el de Agricultura tenían que poner un texto a consideración del Congreso, y no lo han hecho; entonces no sabemos cuál va a ser la suerte. Se necesita voluntad política.

“Sin embargo hay avances, como la creación de la nueva institucionalidad rural. La institucionalidad del campo se había desmantelado y la creación de las agencias fue fundamental; eso ha permitido conocer datos importantes, como por ejemplo la frontera agrícola, que da seguridad sobre qué es realmente objeto de transacciones y qué no.

“Para el caso de la conflictividad territorial, la JT es el sistema que hace viable la transformación. Pero no cualquier fórmula de JT va a permitir justicia territorial; es decir, sería un sistema de JT que realmente se piense lo territorial. Ahí tenemos todavía mucha tarea por hacer. Se necesita construcción de Estado en lo territorial; que hace parte de la promesa que se le hizo a las comunidades que han vivido en las zonas más afectadas por el conflicto, a partir del Acuerdo de Paz; que la institucionalidad garantice que no haya personas a su suerte, que sean víctimas de cualquier grupo armado identificado o no.

“Por eso los mecanismos más importantes de JT, como son la JEP y la CEV, deberían tener sede en los territorios, cerca de las víctimas. Como vemos, es una justicia que también sufre el enorme centralismo del país”.

¿En su trabajo de acompañamiento a la transformación de la conflictividad territorial, qué destaca como reto para la transición agrícola?

En los últimos años la conflictividad territorial ha vuelto a estar en la agenda pública y eso no es algo menor; por ejemplo, en la transformación constitucional del 91 el tema de la tierra fue prácticamente olvidado. La Corte Constitucional empezó a expandir la visión de la tierra, y es sólo hasta después del año 2005 donde ya se empieza a ver la magnitud del despojo; se retomó un discurso que era muy importante, y yo creo que eso es un gran avance.

Nos falta tener más información; desconocemos prácticamente todo de cómo funciona la ruralidad; no sabemos quién tiene títulos; el propio Estado no sabe cuáles son sus baldíos; hay problemas de delimitación de los parques nacionales naturales, de los territorios colectivos y los privados, y un largo etcétera más. Estamos avanzando en recolección de la información, con todo lo planteado por el Punto 1 del Acuerdo de Paz.

De otro lado, se ha retomado la institucionalidad del campo. El Incora se creó para una sola misión: hacer la reforma agraria, y desapareció sin hacerla. Después se creó el Incoder, con lánguido presupuesto y sin institucionalidad, y no funcionó. Retomar esa institucionalidad es un logro importante, así como los avances en restitución de tierras han sido muy importantes para las víctimas. Nunca creímos que íbamos a ser capaces de hacer procesos si no era como antes, que duraban 20 años, con jueces civiles, con la prueba, con escritura, etc. El tiempo nos ha mostrado que sí se puede hacer restitución en ausencia de escritura; que sí hay otras formas de saber la verdad.

Yo tendría mucha esperanza en que en un país en donde no haya más debates mediados por actores armados, habrá más de esas transformaciones. El riesgo fundamental es que todavía hay una visión de la acumulación de la tierra como acumulación de poder. La tierra es un tema conflictivo, porque no se reproduce. Por ejemplo: la universidad gradúa 100 profesionales hoy y 100 profesionales mañana; se pueden reproducir la educación y otros bienes pero la tierra no. Tierra hay una. Y entre más población haya, más conflictiva será la idea de la tenencia la tierra y los recursos naturales, que van de su mano.

Balance: Desde cuando empezamos hasta hoy…

Nelson Camilo Sánchez León hizo parte de la iniciativa ‘Transformemos: Territorios Construyendo Paz’, a través del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, desde sus fases previas, que comenzaron en 2011, hasta junio pasado.

“El balance del camino recorrido es esperanzador. En el primer momento en que nos reunimos a hablar de esta iniciativa, esta se pensaba como un proyecto netamente humanitario, en el sentido de que no había ninguna proyección de que se podría hacer restitución ni de que iba a haber paz. Era simplemente pensar cómo atender a la gente que estaba sin su tierra, habiendo tenido que salir sin nada, solamente con su familia y sin poder regresar; ver cómo humanitariamente la apoyábamos.

“De ahí, pasamos a un segundo momento en el que empezamos a pensar cómo hacer la restitución; ese fue un avance que se siguió puliendo, y con él que se fue consolidando la idea de cómo conectar la restitución con otras políticas de tierras.

“Las distintas fases fueron mostrando no solamente avances sino también los cambios de la sociedad. Este no ha sido un proceso lineal; se debe entender como un proceso en donde en algunos aspectos seguimos en el punto cero; en otros, fuimos de cero a cien muy rápido y nos devolvimos, y en otros hemos ido más despacio pero hemos avanzado más. Para mí lo más satisfactorio de este trabajo es que distintos aliados pueden complementarse en sus funciones para enfrentar un aspecto tan sensible como la tierra, con la visión de que no es un tema sólo de agrónomos, ni sólo de geógrafos, ni sólo de abogados, sino de diversas personas que tienen que pensar cuáles son las condiciones de lo que significa realmente territorio y paz territorial. Es muy valioso de este proyecto poner en conjunto y en diálogo a todas estas voces, que hoy enfrentan el desafío de: o hacer realidad las metas, o lograr sostener lo que ya existe”.

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