“Haremos lo que esté a nuestro alcance para que se dé cumplimiento al Acuerdo de Paz”

Desde su posesión en enero de 2017, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ha sumado positivamente a la imagen de la entidad que lidera, con un estilo cercano al pensamiento de las nuevas generaciones y acciones participativas que refuerzan el potencial transformador de la Procuraduría hacia la paz, como ente vigilante y garante. Conversamos con él sobre el panorama actual y futuro del Acuerdo de Paz frente a algunos de sus componentes del punto 1 de Reforma Rural Integral, y como cabeza de una de las entidades socias de ‘Transformemos: Territorios Construyendo Paz’.

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¿Qué líneas de acción tomará la Procuraduría para garantizar en el nuevo Gobierno la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz?

La implementación del Acuerdo Final es irreversible. Tenemos una deuda histórica con más de 8 millones de víctimas que han sido afectadas por el conflicto armado. Hemos venido trabajando en garantizar el cumplimiento de lo acordado en La Habana, a través del fortalecimiento de la democracia participativa, y, por encima de todo, de la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Con la Constitución en la mano, el corazón del lado de las víctimas y los pies en el territorio, esta Procuraduría velará por que se adopten las medidas necesarias para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, que promueva el desarrollo integral, la equidad, la seguridad y la justicia.

En este sentido, la Procuraduría en el marco de sus funciones de prevención y control a la gestión, concentra esfuerzos en el seguimiento de los diferentes puntos del Acuerdo. El Acto Legislativo 01 de 2016 así lo establece también, cuando nos asigna la función de presentar informes anuales sobre el seguimiento a la ejecución de recursos y cumplimiento de metas del plan plurianual de inversiones en el componente de paz.

Hemos priorizado algunas temáticas que, a juicio de la Procuraduría, requieren especial atención y son indispensables para la sostenibilidad del Acuerdo. Entre estas se encuentran la sustitución de cultivos de uso ilícito, los PDET y las garantías de seguridad y reincorporación; que incluyan enfoque étnico y de género.

Sin duda, es un enorme reto que enfrenta el Estado colombiano. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que se dé cumplimiento al Acuerdo Final de Paz, dentro de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

Usted ha dicho que el país contaba con un Acuerdo de Paz pero aún no con la paz, y que en virtud del mismo Acuerdo la Procuraduría sería garante de los derechos de las víctimas del conflicto; entre estos, los derechos en el tema de tierras. ¿Cuál es el balance de la entidad con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz a partir de su firma, en noviembre de 2016?

La firma del Acuerdo Final representa una enorme oportunidad para que el país cierre las brechas entre lo urbano y lo rural, fortalezca la democracia participativa, cumpla con el mandato de la Constitución del 91 y garantice los derechos de más de ocho millones de víctimas que exigen verdad, justicia, reparación y no repetición. Este escenario de oportunidades enfrenta enormes desafíos: el principal, la seguridad.

En los últimos dos años, la cifra de líderes y lideresas asesinados y amenazados ha aumentado de manera dramática. La Procuraduría ha convocado una Mesa Nacional de Protección Integral, integrada por el Estado y las organizaciones sociales, para que se revise la política de protección existente y se adopte una política pública efectiva en los territorios. Se debe garantizar que haya justicia en esos casos y naturalmente consolidar la presencia integral del Estado y la fuerza pública en las zonas abandonadas por las Farc.

Un segundo desafío es el proceso de reincorporación, que ha tenido avances tímidos. Para la Procuraduría no existe una política clara, con rutas ágiles, para la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales. El tercer reto para la implementación es la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra el crimen organizado asociado al narcotráfico. El cuarto es la ocupación de los antiguos territorios afectados por la guerra para que el Estado garantice seguridad y lucha contra la inequidad y el olvido, con un enfoque étnico y de género, y que responda a las necesidades y prioridades de sus habitantes. Es urgente la articulación entre el Estado central y las autoridades locales.

El quinto reto, fundamental, y la razón de ser del Acuerdo Final, es garantizar la satisfacción de los derechos de más de ocho millones de víctimas para transformar sus condiciones de vida. Por último, está la transparencia en el manejo de los recursos para la paz. No puede haber ninguna duda. Lo peor que nos puede pasar es que ganemos la paz con las Farc y la perdamos contra la corrupción.

¿Cómo está abordando la Procuraduría los compromisos adquiridos por el Estado con el país para transformar los conflictos por tierras y territorios?

Los conflictos por los territorios han aumentado su complejidad. Ya no solo se trata de disputas por la propiedad o tenencia de la tierra, sino de grandes conflictos agrarios que se remiten con frecuencia a la gestión de los ecosistemas estratégicos, a tensiones entre los diferentes modelos de uso de la tierra y el agua, y a la dificultad de conciliar diversos modelos de desarrollo en un mismo territorio.

Durante este periodo y en el marco de sus funciones preventivas, la Procuraduría ha venido trabajando para facilitar espacios de diálogo con las entidades públicas de carácter nacional y territorial, así como con las comunidades campesinas y étnicas, para prevenir nuevos conflictos y trabajar conjuntamente en la búsqueda de salidas y en el diseño de estrategias de intervención jurídica para resolver los conflictos ya existentes.

Esta línea preventiva se ha desarrollado de acuerdo con un plan de acción que tiene dos líneas: Por un lado, mediante la intervención en casos individuales; muchos de los cuales son emblemáticos y cuya complejidad exige una intervención directa de esta entidad para facilitar los espacios de diálogo necesarios para emprender estrategias de resolución o prevención de nuevos conflictos.

Por otro lado, se vienen desarrollando audiencias públicas de carácter territorial lideradas por la Procuraduría; escenarios en los que participan comunidades, líderes, entidades territoriales y entidades del orden nacional. En estos espacios se socializa el diagnóstico sobre las problemáticas locales existentes y se identifican los principales obstáculos para garantizar los derechos a la tierra y el territorio, con el propósito de que las autoridades locales y nacionales asuman compromisos específicos para resolver los conflictos identificados. Un elemento fundamental es fortalecer los tejidos organizativos locales y afianzar la relación de confianza entre el Ministerio Público y los ciudadanos.

No obstante, la falta de coordinación y articulación institucional en materia agraria sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en la solución de conflictos agrarios. La Procuraduría trabaja para generar espacios que estimulen la coordinación y sincronización de las entidades competentes, para lograr que las intervenciones sean efectivas y adecuadas, se superen los conflictos agrarios y la población rural tenga un mayor impacto en el goce efectivo de sus derechos.

¿Qué opina de la estrategia de restitución de tierras en el país, a 7 años de su implementación?
La política de restitución nunca consideró una meta específica de hectáreas que debían ser restituidas. Las cifras sobre este fenómeno son dramáticas. Para el 2011, cuando se expidieron las leyes de restitución, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD registraba aproximadamente 6 millones de hectáreas despojadas y abandonadas; el Proyecto de Protección de Tierras recogía para el 2010 cerca de 4 millones 750 mil hectáreas inscritas en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, RUPTA; y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento calculaba cerca de 2 millones de hectáreas abandonadas y despojadas. En contraste con esas cifras, la restitución de tierras ha devuelto en 7 años cerca de 300 mil hectáreas. Estos números muestran el inmenso trabajo por hacer.

El seguimiento a la implementación y cumplimiento de las órdenes contenidas en las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales, en general, ha permitido identificar que los resultados concretos no han sido suficientes para garantizarle a la población restituida una reparación integral y transformadora. Si bien una parte importante de los restituidos ha retornado a los predios despojados o abandonados, su subsistencia en los mismos sigue siendo precaria y sin garantía de los componentes mínimos para un retorno seguro y digno.

Las mayores dificultades que ha enfrentado la restitución obedecen quizás a un problema de desbarajuste institucional; es un mal que ha contaminado toda la política, que ha impedido que la restitución trascienda el papel y que los fallos de los jueces se implementen a cabalidad.

La política de restitución necesita ser complementada con otras políticas de desarrollo, en aras de fomentar el establecimiento de las familias restituidas en los territorios, con garantías de estabilización socioeconómica y soluciones duraderas a la tragedia del desplazamiento forzado que ha sufrido el país.

¿Qué mecanismo propone la Procuraduría para lograr la articulación de la institucionalidad del país con competencia en asuntos agrarios y de restitución, con el Ministerio Público; para sumar al punto 1 del Acuerdo de Paz?

 

La intervención del Ministerio Público en materia agraria y de restitución se aterriza en los casos concretos que se apoyan desde la función preventiva y de intervención judicial; que son cientos, a nivel nacional. En cada uno de esos procesos la Procuraduría busca promover el diálogo, el intercambio oportuno de información entre entidades y comunidades, en aras de buscar soluciones adecuadas a los conflictos territoriales. Esta labor de acompañamiento a los procesos, desde una perspectiva de garantía de derechos territoriales, étnicos y campesinos, sin duda constituye un aporte para la implementación del punto 1 del Acuerdo Final.

 

La Procuraduría genera, además, espacios apropiados para que las entidades discutan sus planes de acción sobre casos comunes y puedan articular y sincronizar sus intervenciones, con el fin de mejorar en la aplicación práctica de los principios constitucionales de la eficiencia y la eficacia.

 

 

Uno de los pilares para la construcción de la paz estable y duradera lo constituyen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). ¿Qué diagnóstico hace sobre el avance de su implementación y qué participación tiene la Entidad en ese proceso?

Esta iniciativa, aunque lejos de ser perfecta, ha permitido darles voz a las comunidades en la definición de sus prioridades para el desarrollo; sin embargo, las limitaciones presupuestales y la demora en la gestión de los recursos ha afectado los procesos de participación, en especial los relacionados con las comunidades étnicas.

 

Hemos evidenciado además otras dificultades, como la articulación de los diferentes planes y programas en el territorio, en particular del programa de sustitución con el PDET, y también con la articulación de estos con los planes y programas para fortalecer las condiciones de seguridad en los territorios; con la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y control social y veeduría, tanto a la construcción misma del Plan como después a la implementación; dificultades con la articulación del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) con otros instrumentos de planeación del territorio; con la implementación del mecanismo especial de consulta con pueblos étnicos, así como con la incorporación del enfoque reparador y de género. Por último, con la falta de articulación de este proceso con la oferta institucional derivada de lo establecido en el Acuerdo Final para la Reforma Rural Integral, y la inexistencia de un techo presupuestal destinado a cada PDET, que permita realizar un efectivo ejercicio de priorización de las iniciativas.

 

Estas dificultades han sido compartidas por la Procuraduría y por otras organizaciones que hacen seguimiento a los PDET, con la Agencia de Renovación del Territorio, ART, que ha venido haciendo ajustes permanentes a su metodología en la medida en que ha identificado problemas en su puesta en marcha.

 

Especial atención merece esta última fase de construcción del proceso, pues

preocupa a la Procuraduría que la celeridad en la construcción de los PDET afecte su legitimidad, que reposa en las comunidades y las autoridades territoriales.

¿Cuál ha sido el rol de la Procuraduría en este sentido?

La Procuraduría General de la Nación ha venido haciendo seguimiento a los avances en el proceso participativo de construcción de los 16 PDET. En algunas zonas los procuradores judiciales y agrarios han acompañado diferentes espacios de participación y de articulación institucional. Se actúa de manera preventiva en el seguimiento de los recursos asignados al Plan 50/51 de vías terciarias y a los Proyectos de Infraestructura Comunitaria.

 

Desde la Procuraduría Delegada de Paz se organizó un espacio, en el que durante dos días se trabajó con funcionarios de la ART y cerca de 30 organizaciones nacionales y algunas internacionales que vienen haciendo seguimiento a los PDET en diferentes zonas del país, con el fin de compartir las principales dificultades identificadas y hacer recomendaciones al Gobierno.

 

Para garantizar un mejor y más efectivo seguimiento desde nuestras funciones preventivas,

el Ministerio Público le ha pedido al Congreso que faculte al Presidente de la República para que la Procuraduría pueda fortalecer sus capacidades humanas para hacer frente al reto de la implementación del Acuerdo Final, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.

Esperamos que esa iniciativa se apruebe pronto.

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