El sujeto campesino: Derechos para la igualdad

Foto: Fundación Chasquis

¿En qué consiste que el campesinado sea considerado como un sujeto de especial protección constitucional? Rodrigo Uprimny, experto en Derecho Constitucional, nos explicó en detalle esta definición y lo que ello implica en materia jurídica. Lo hizo durante el encuentro ‘Historia de los Conflictos Territoriales y Sujetos de la Ruralidad’, llevado a cabo en Anapoima, Cundinamarca, entre el 15 y el 17 de mayo de 2019, en el marco de la iniciativa ‘Transformemos territorios. Construyendo paz’.

Lo primero que hay que entender es que los campesinos y campesinas colombianos son considerados como un sujeto de especial protección constitucional debido a que la profunda desigualdad en que se encuentran en relación con otros habitantes rurales o con la población urbana, lo cual hace necesaria la adopción de políticas públicas especiales para ellos.

Uprimny, fundador del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad -Dejusticia, destaca tres principales problemas que son consecuencia de dicha desigualdad. El primero es el acceso a la tierra. “En Colombia la desigualdad rural creada por la concentración de tierras, según el Índice de Gini, es de 0,9. Es decir, casi absoluta, teniendo en cuenta que el máximo del indicador es de 1 punto”, dice el experto. El segundo problema es la pobreza. “En Colombia el acceso a bienes públicos y bienes sociales como alcantarillado es del 97% en las urbes, mientras que en las áreas rurales no llega al 60%”. Y el tercero es la falta de reconocimiento del campesinado. “Hay una tendencia a no reconocer al campesino como un sujeto social y político”, señala el jurista.

En cuanto a sus alcances, el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derechos constitucionales tiene unas implicaciones muy concretas. En ese sentido, Uprimny destaca la obligación del Estado de establecer enfoques diferenciales a favor de esta población. Esto quiere decir que no solo debe tener en cuenta los impactos negativos de las políticas públicas en la vida de los campesinos, sino que debe establecer dichas políticas en pro de incrementar la igualdad. “Por ello, en el censo nacional debe estar el campesinado”, explica, haciendo referencia a la no inclusión de esta población rural en el censo del DANE llevado a cabo el año pasado.

En este tema también resulta imprescindible saber que existe el concepto de proyecto de vida campesina. Como afirma el jurista, “la Constitución busca proteger a los campesinos en el modo de vida que escogieron. Se trata de la protección del estilo de vida campesina. Es un derecho a una territorialidad que implica algo más que el acceso a la tierra donde el Estado decida ubicarlo, sino una protección a su modo de vida, a veces incluso en un territorio específico” (Sentencia C-077/17) En pocas palabras, es el derecho a una identidad cultural diferenciada.

Lo anterior suele estar asociado solamente a las poblaciones étnicas, pero para la Corte Constitucional, según sus artículos 7 y 8, dicha protección es general. La lógica, en este caso, es que ante la Constitución, las distintas culturas tienen igual valor. Por ende, si el modo de vida campesino es parte de una cultura, hay que proteger esa identidad.

Vemos entonces cómo a diferencia de otros sujetos de especial protección como las comunidades lgbti o los adultos mayores por ejemplo, el campesinado goza de unos derechos especiales desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, relacionados con la tenencia de la tierra, el proyecto de vida y el derecho a la protección de su identidad cultural.

Lo anterior está en concordancia con la Declaración de los Derechos de los Campesinos de Naciones Unidas. Como manifiesta Uprimny, si bien este documento no es vinculante en el país (Colombia se abstuvo en su votación), es un instrumento que va a empezar a tomar mucha fuerza debido a su poder doctrinario e interpretativo, así como ocurrió en su momento con la declaración sobre los derechos indígenas.

El jurista también nos habló sobre la necesidad de que las instituciones superen los vacíos e incertidumbres que existen actualmente a la hora de resolver las tensiones entre las territorialidades campesinas con las de otras poblaciones étnicas o con zonas de protección ambiental.

En este punto surgen dos interrogantes acerca de la figura del campesinado en las políticas públicas. La primera es cómo se caracteriza al campesinado. En esta materia se ha avanzado bastante gracias a la concertación entre la academia y las instituciones (expertos en temas rurales y el Dane). De esta concertación, cuyo origen data de la tutela interpuesta en su momento para buscar incorporar a esta población en el censo de 2018, existe hoy una definición: “Es un sujeto intercultural que se reconoce como tal, involucrado en un trabajo directo con la tierra y la naturaleza, y que está inmerso en ciertas formas particulares de organización social”.

Como resultado de la tutela, la Corte indicó que las autoridades pertinentes estaban en la obligación de hacer dicha medición, para la cual era indispensable la definición del sujeto campesino. Para el experto, esta definición del sujeto campesino es un gran avance, ya que permite una caracterización que sirve para la definición de políticas públicas.

El segundo interrogante sobre la figura del campesinado en las políticas públicas surge de las tensiones que se presentan cuando las territorialidades campesinas entran en disputa con territorialidades étnicas, como los resguardos indígenas, o con zonas de protección ambiental, como los parques naturales.

“Por lo general en estos casos los campesinos siempre pierden”, dice Uprimny. Para él, esto ocurre debido a tres cosas. Primero, a que las autoridades suelen creer que a un campesino le da lo mismo un territorio que otro. Y aunque para algunos colonos rurales sea así, no lo es para el grueso de esta población. Segundo, ocurre por el falso supuesto de que los campesinos son depredadores, mientras los indígenas son considerados protectores. Según el experto, no en todos los casos esto es cierto. Y tercero, porque jurídicamente se falla de forma mecánica debido a que el concepto de territorialidad campesina apenas está en construcción.

Además, es importante tener claro que una mayor protección jurídica del campesinado no implica de ninguna forma menores garantías para los sujetos colectivos étnicos.

En resumen, sí existe un marco constitucional que define al campesino como un sujeto especial de derechos; se ha avanzado en la materia y se espera que la definición del sujeto campesino permita la creación de políticas públicas mejor informadas; pero aún existen vacíos de solución jurídica en temas sensibles como los conflictos de territorialidades, a lo cual se deben seguir buscando soluciones.

La Constitución establece unos derechos especiales para los trabajadores rurales en sus artículos 64, 65 y 66. En resumen, estos artículos hablan sobre el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria y los sistemas especiales de crédito a favor del campesinado, respectivamente. De esta manera, la Corte Constitucional singulariza a los trabajadores rurales para darles no solo un reconocimiento necesario en la Carta Magna sino también un tratamiento especial en la misma.

Fuente: Rodrigo Uprimny.

Actualmente hay más de 3.400 millones de habitantes en zonas rurales, de los cuales depende el 70% de la alimentación de los seres humanos del planeta.

Fuente: Banco Mundial.

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual.

Fuente: Wikipedia.

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