El reto del Gobierno y la URT ante la fase administrativa de la restitución

Después de siete años de haberse implementado la Ley de Restitución de Tierras en Colombia, un informe publicado el pasado mes de agosto por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó un conjunto de conclusiones sobre este proceso cuya etapa administrativa está a punto de finalizar. El reporte, además, propone una serie de recomendaciones para ser tenidas en cuenta por parte de las instituciones a cargo de ejecutar la norma.

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Después de siete años de haberse implementado la Ley de Restitución de Tierras en Colombia, un informe publicado el pasado mes de agosto por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó un conjunto de conclusiones sobre este proceso cuya etapa administrativa está a punto de finalizar. El reporte, además, propone una serie de recomendaciones para ser tenidas en cuenta por parte de las instituciones a cargo de ejecutar la norma.

La principal conclusión del informe es que esta etapa administrativa debe ser revitalizada. Esto debido a que los investigadores encontraron que el exitoso cumplimiento de objetivos registrado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con el cual se justifica el final de dicha etapa, responde a ajustes en las metas de la entidad para mostrar sus logros, y no a la realidad de las necesidades del proceso restitutivo.

Esto quiere decir, básicamente, que a mitad de camino la URT decidió modificar sus metas e indicadores para ofrecer la ilusión de mejores resultados. Mientras que en el período 2012-2014 la institución reportó cifras negativas, para el período 2014-2018 la unidad presentó un llamativo y radical avance del 120% en la obtención de sus logros.

Según el informe de la CCJ, las nuevas metas implementadas por la URT no tuvieron en cuenta el número total de las solicitudes presentadas ante la entidad. Y lo más grave es que dichos logros se basan en una alta tasa de negación de solicitudes a los reclamantes.

Al analizar las cifras de la propia URT, se detectó un cambio sustancial en la no aprobación de solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Para los investigadores de la CCJ “la aparente eficiencia del Estado en la gestión de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras se logró, sobre todo, a partir de la negación de los derechos de las víctimas”.

Es por ello que, entre sus recomendaciones, el informe urge al Gobierno nacional prorrogar el plazo que daría término en los próximos tres años a esta etapa.

También solicita a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la investigación en lo referente a las negaciones masivas de solicitudes en el RTDAF.

A la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de la Ley 1448 de 2011, los investigadores le sugieren hacer una veeduría constante frente al trámite de solicitudes al RTDAF, entre otras solicitudes que incluyen un llamado a entidades como la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.

Y a la URT, por su parte, le pide revisar sus indicadores y metas trazados en su estrategia a partir de 2015 para ajustarlos a la realidad de las solicitudes recibidas. Finalmente, también le requiere incentivar espacios de estudio y debate acerca del despojo de tierras en el país, los cuales incluyan a la academia, la sociedad civil, organismos de control, observadores internacionales y a las víctimas del conflicto armado.

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