El PNIS y la erradicación voluntaria: Una solución exitosa

La erradicación de cultivos ilícitos en Colombia ha adquirido en los últimos días un renovado interés tras el llamado que hizo el Gobierno a la Corte Constitucional para que permita de nuevo la aspersión aérea con glifosato en el país, ante lo cual el tribunal decidió convocar y llevar a cabo una audiencia pública el pasado 7 de marzo, reabriendo así el debate acerca del uso de este herbicida en territorio nacional.

Foto: Fundación Chasquis

En el marco de la reciente charla “Retos y alternativas a la guerra contra las drogas”, realizada en Bogotá, tuvimos la oportunidad de conversar con tres expertos en el tema para entender la panorama actual de la erradicación de cultivos ilegales en el país, en el cual se destacan los logros que ha arrojado la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), plan que hace parte del Punto 4 del Acuerdo de Paz (‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’), y cuya implementación se realiza en zonas donde las comunidades suscriben los convenios para llevar a cabo la sustitución de forma voluntaria.

Eduardo Díaz, exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, explica con cifras la necesidad de que el Gobierno actual continúe con la tarea de erradicación en la línea trazada por el Acuerdo de Paz.

En los 16 meses que alcanzó a aplicarse el PNIS durante el Gobierno anterior, es decir desde mayo de 2017 hasta julio de 2018, se erradicaron de manera voluntaria 36.000 hectáreas de coca. Un proceso que involucró a unas 50.000 familias campesinas de las más de 90.000 registradas en el programa. Según datos corroborados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el cumplimiento por parte de la comunidad fue del 94 por ciento. “Las familias le están apostando a la paz, esa cifra es prueba de eso”, afirmó Díaz al respecto.

Para darnos una idea de la dimensión de este logro, basta comparar esa cifra con las 14.000 hectáreas que se erradicaron voluntariamente durante los nueve años del denominado Plan Colombia.

Además, de acuerdo al más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en dichos territorios la resiembra de cultivos de uso ilícito fue de un 0,6 por ciento, lo cual da fe sobre la voluntad del campesinado a la hora de cumplir su parte del trato.

Díaz asegura que la cuestión no está en cuántas hectáreas de coca sembrada se quitan sino en cuánto se resiembra. “Colombia ha fumigado 1,8 millones de hectáreas en los últimos doce años y ha erradicado manualmente 600.000, el problema es que se vuelve a sembrar”, aseveró.

Todo lo anterior es prueba de que la implementación del PNIS y su continuidad resultan mucho más efectivos en el largo plazo que una política enfocada exclusivamente en la fumigación y la erradicación forzosa.

El investigador de la línea de Política de Drogas de Dejusticia, David Filomena, por su parte, afirmó que la metodología voluntaria es la idónea. El experto explicó que cuando la erradicación se hacía por vía aérea la resiembra era del 34 por ciento, y del 28 por ciento cuando se hacía vía terrestre. Una cifra muy alta comparada con el 0,6 por ciento registrado en la implementación del PNIS durante sus primeros 16 meses.

Para Filomena, la apuesta debe ser por una presencia institucional en los territorios, un asunto que se traduzca en una política enfocada a la creación de escuelas, hospitales y caminos, es decir, en una política social, que es adonde apunta la Reforma Rural Integral. Mientras que las acciones represivas como la aspersión de glifosato, por ejemplo, terminan siendo menos efectivas. La aspersión con este químico nocivo para la salud es contrarrestada fácilmente con el simple cambio de ubicación de los cultivos. Es decir, no se ha terminado de fumigar cuando ya los cultivos ilícitos han sido reubicados.

Además, el investigador subraya que las medidas policivas resultan más costosas. “El costo total de vincular y cumplir los acuerdos con las familias suscritas al PNIS era de 2,9 billones de pesos, un equivalente a 40 millones por familia, mientras el costo de las aspersiones con glifosato fue de 8,8 billones solo en 2014”, dice, y acota que la erradicación voluntaria no solo es más económica sino que es más respetuosa de los derechos humanos. Y esto último no es un factor menor si se tiene en cuenta que, entre miembros de la Fuerza Pública y civiles, se cuentan más de 550 personas muertas en el ejercicio de la erradicación.

Manuel Garzón, defensor de DDHH y asesor de trabajo legislativo del senador del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Carlos Antonio Lozada, agregó que es importante tener en cuenta que muchas familias campesinas han cumplido lo suscrito en el PNIS sin haber recibido aún los beneficios pactados, lo cual es prueba suficiente de su voluntad de hacer parte del programa.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es, en términos oficiales, una apuesta nunca antes desarrollada en Colombia para resolver el fenómeno de las drogas ilícitas de la mano con las comunidades.

Ver video oficial del proyecto.

El PND declaró una meta de erradicación forzosa de 280.000 hectáreas -más de las cultivadas actualmente- y una reducción de 50.000 hectáreas por medio del PNIS, sin asignar una partida presupuestal para la implementación de los programas de postconflicto. Esto, con el trasfondo de una tasa de resiembra de 50% tras un año de erradicación, comparada con un 0.6% después de un año cuando se sustituye voluntariamente. Por lo tanto, la actual política antinarcótica viola los acuerdos de paz, además de ser ineficiente y violar los derechos de los campesinos.

Fuente: Organizadores charla “Retos y alternativas a la guerra contra las drogas”.

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