El complejo panorama de la restitución de tierras para 2019

A contrarreloj. Así arranca la restitución de tierras en Colombia en este 2019. Después de siete años de implementación, una vez promulgada la Ley 1448 de 2011, en el país se han devuelto a las víctimas de despojo más de 330.000 hectáreas, según la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Foto: Fundación Chasquis

Sin embargo, el total de reclamaciones supera actualmente el millón de hectáreas, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que a la norma le restan solo tres años de vigencia. De ahí que al actual Gobierno el tema se le haya convertido en un verdadero reto, en aras de cumplir con los objetivos de la ley.

Actualmente la URT viene implementando una serie de medidas de choque a través de las cuales propende por agilizar esta labor. Aun así, en el territorio nacional persisten problemáticas que dificultan el proceso de devolución de predios, tales como la dificultad para restituir terrenos en donde se cultiva coca, debido a la presencia de actores armados ilegales, o los vericuetos jurídicos relativos a la propiedad en Colombia a los que se enfrentan las autoridades judiciales constantemente a la hora de tomar decisiones. Según el diario El Tiempo “muchas veces la demora no es por el proceso de reconocimiento de la titularidad sino por las verificaciones catastrales”. Y este es solo un ejemplo, entre tantos.

A este panorama se suma una polémica propuesta de reforma a la Ley de Víctimas, liderada por la senadora María Fernanda Cabal. En opinión de la legisladora, “el problema de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras es que no previó que a quienes se les está reclamando es en su mayoría a un campesino víctima también de desplazamiento de esa o de otra región”, como afirmó recientemente en La W.

Más allá de que este y otros argumentos de la parlamentaria hayan sido refutados por el exdirector de la URT Ricardo Sabogal, el debate en relación sobre una posible reforma a la norma podría convertirse en un escollo más para la agilización de ejecución de la misma.

Por lo pronto, el Gobierno nacional ha decidido continuar en firme con el proceso de restitución. Casos como el de Bolívar, donde la URT ha invertido cerca de 10.000 millones de pesos en los proyectos productivos de aproximadamente 400 familias, así lo confirman. En este departamento, precisamente, se espera que 386 reclamantes de los municipios de San Jacinto, Córdoba, Zambrano, María la Baja, San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar recuperen más de 1500 hectáreas mediante demandas jurídicas.

Hay avances también en casos emblemáticos como el de la hacienda Guacayamas, en el municipio de Turbo, en Antioquia, donde la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar la restitución de estas tierras a siete familias campesinas.

Por otra parte, se avecinan este año apelaciones a decisiones tomadas por la URT, como la del Movimiento Cimarrón de Colombia, que representa a comunidades afrodescendientes de la zona limítrofe entre Chocó y Risaralda. El movimiento denunció recientemente discriminación racial y violación del debido proceso después de que la institución gubernamental le negara una petición colectiva de restitución en esta zona. “Estos territorios son nuestros y así lo tienen que ser, pues sabemos que estos son perseguidos por intereses de empresas transnacionales que quieren adelantar explotación bajo tres parámetros: turístico, minero y forestal”, dijo en una entrevista con RCN Radio el vicepresidente de la organización, Iván Alberto Vergara Sinisterra.

A este complejo panorama hay que añadir la falta de titulación de predios actual en Colombia. La Federación Nacional de Cafeteros, por tomar solo un ejemplo, ha alertado sobre la necesidad de legalización de predios por parte de los cultivadores de café en el país. Según el organismo, solo un 60 por ciento de estos tiene legalizados sus terrenos, mientras el 40 por ciento restante no ha adelantado dicho trámite ante las autoridades.

Así pues, ante el pronto vencimiento de la vigencia de la Ley 1447 de 2011, las expectativas se centran ahora en el lugar que le dé el Gobierno al tema de restitución de tierras en su Plan Nacional de Desarrollo.

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