Consulta anticorrupción: Ni a dedo ni a puerta cerrada

El nudo del conflicto colombiano en transición hacia la paz, pasa por los modos de acceso y posesión de la tierra y también por la corrupción. El 50% de las tierras declaradas como útiles sigue en manos del 1% de la población, y más del 60% de los terrenos hábiles para cultivar no están registrados en ningún catastro, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras. Entrevistamos a Claudia López, exsenadora por el Partido Alianza Verde, excandidata a la vicepresidencia del país y actual vocera del Referendo Anticorrupción que se votará el próximo 26 de agosto, sobre los nexos que unen a la cultura de la corrupción en Colombia con la problemática de la tierra.

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¿Qué relación encuentra entre la corrupción y la conflictividad territorial en Colombia?
La corrupción afecta la producción de todo tipo de bienes y servicios públicos para los ciudadanos. Desde salud, educación, carreteras, titulación de tierras, reparación a víctimas… todo. Porque la corrupción roba plata pública que debería ir a la provisión de esos bienes y servicios y termina quedándose en los bolsillos de políticos y contratistas avivatos. Y quienes terminan siendo más afectados son los más pobres de los pobres. Los excluidos. Aquellos que usualmente tienen menor representación, menor capacidad de control. Los ciudadanos más pobres de Colombia, y en particular los ciudadanos más pobres de las zonas rurales, donde la tierra es sinónimo de supervivencia.

¿La corrupción es un fenómeno estructural en Colombia?
La Contraloría General de la República nos ha dado una idea de la magnitud de la corrupción en Colombia: 50 billones de pesos. Seis puntos del PIB al año, botados a la caneca en corrupción. Es plata que no se va ni a educación, ni a empleo, ni a salud, sino que se queda en manos de los políticos y contratistas avivatos, porque tienen el monopolio del manejo del presupuesto público sin ninguna participación de la ciudadanía. A puerta cerrada, por debajo de la mesa, con concejales, diputados, congresistas, ejercen el monopolio de decidir en qué se gasta y en dónde. Pero no hay ningún nivel de participación ni incidencia de la ciudadanía en esa decisión de desglosar y precisar el presupuesto.

De los siete puntos de la Consulta Anticorrupción (ver recuadro), ¿cuál incide más para transformar la conflictividad por tierras?
El cuarto, de las audiencias a los presupuestos públicos. Les quita el monopolio del presupuesto a los políticos y la capacidad de ejecutarlo sin ningún control ni participación ciudadana. Tiene el sentido de decirles «no señores, ustedes van a seguir con la facultad de aprobar el presupuesto pero antes tienen que hacer audiencias públicas donde debatan y decidan con medios de comunicación, gremios, sociedad civil y ciudadanía en general, cómo se desglosa y prioriza la plata que hay para inversión”.

Por ejemplo, ¿qué político pide plata para actualizar el catastro? Ninguno. Nunca van a pedir plata para actualizar el catastro. En cambio, el día que haya una audiencia pública, la gente que trabaja en restitución de tierras, y que entiende que esa una inversión clave, podrá ir a la audiencia a pedir plata para eso. O para otra cosa favorable.

En el tema del amedrentamiento para la restitución de tierras y respeto a la tradición de los predios y los inmuebles, ¿cómo pueden influir los resultados de la consulta?
Mediante el tercer punto, el de la impunidad. Hoy es muy difícil probar un delito de estas características; pero así se pruebe, el condenado regresa y vuelve a contratar. No hay ninguna restricción legal para que después de cumplir con una condena por corrupción, alguien se presente a otra licitación y se la gane de la misma manera. Y vuelve y sigue contratando. La Consulta dice «personas individuales privadas o jurídicas o constitutivas de persona jurídica, que sean condenadas por corrupción, nunca podrán volver a ser contratadas por el Estado”.

¿Cómo plantearía enfrentar el problema de las tierras baldías invadidas y la no legalización o legalización falsa de la posesión de tierras por parte de terratenientes?
La Alianza Verde propuso actualizar el catastro y además declararlo como bien público. Que el Gobierno nacional lo financiara entero. Eso de que cada municipio haga su catastro nunca va a pasar y nunca vamos a tener un catastro actualizado.

Está en manos de un contubernio entre notarios, funcionarios catastrales locales, terratenientes, colonos… Por eso nunca se acaba de hacer un inventario de predios y un registro único nacional.

Nosotros proponíamos subir por ley las bases tarifarias del predial, de manera que sea más costoso tener tierras improductivas. Alguien se las roba, las titula, las cerca y ahí las tiene de engorde, no tiene que pagar impuestos. La idea es que los pague. De manera que si no se le puede expropiar porque se las arregló para sanear la titulación, al menos se vea forzado a salir al mercado de tierras porque no puede sostener eso así no más.

Esto desestimularía la invasión y robo de baldíos y la concentración de tierras, al hacer poco rentable la inversión masiva en las fronteras agrícolas. Pero para que algo así suceda, se debe aplicar a fondo, sin temor, la ley de restitución de tierras. Aquí la carga de la prueba está invertida y hasta que usted no demuestre que esa posesión es suya legítimamente, la pierde frente al invasor.

¿Qué hacer ante los ataques violentos y desde la oscuridad, contra los reclamantes de tierras y funcionarios de restitución?
Es necesario tener un modelo de seguridad y justicia rural que funcione, para cuidar la vida de los campesinos, de los dirigentes, de los funcionarios que trabajan en estos temas. El campo está desamparado y no hay presencia del Estado. Están a la buena de dios.

Deberíamos tener un juez, una unidad CTI (Cuerpo Técnico Investigativo Judicial) y una comisaría de familia al menos por cada cincuenta mil habitantes rurales. Dicen que es costoso, pero más lo es que maten a 300 personas al año en el campo. Y nadie los puede cuidar. Violan a las mujeres y a los niños y no tienen dónde poner una denuncia ni quién les proteja.  Si la tentativa de restitución les cuesta la vida, pues mejor con vida y sin tierra. Pero debemos apegarnos a la ley, a la Constitución, buscar ganar gobiernos locales y acompañar a la gente en su movilización social.

Algunas voces opositoras a la consulta anticorrupción la tildan de anticonstitucional, ¿usted qué les responde?
Se trata de un mandato popular, y no hay una norma constitucional que impida pedir ese mandato. Todo lo contrario, está instituida en la Constitución la consulta popular y por eso la estamos haciendo. Además, las siete normas que estamos votando no existen; el Congreso no las ha pasado. Las ha presentado el Centro Democrático y se hunden, el Partido de la U y se hunden, los Verdes y se hunden, los Liberales y se hunden. Cuando vamos el 26 de agosto a votar “Sí a la consulta”, le estamos dando la orden al Congreso de que tiene un año de plazo para convertir esas normas en leyes. Supongamos que logramos los doce millones de votos. Entonces el Congreso, cumpliendo con la Constitución y el orden jurídico, expide esas leyes y luego van a control constitucional. Ahí sí, si la Corte dice que tal parte no se puede aplicar pues no se aplica.

 Las costumbres de contratación pública regionales tienen que cambiar, porque ahí nace la corrupción que afecta el acceso a la tierra. Que los corruptos condenados no puedan volver a contratar y que haya un modelo de seguridad y justicia rural que proteja a campesinos, dirigentes y funcionarios, son pasos esenciales para impedir la apropiación de predios o su valorización artificial. Reducir la concentración de la propiedad y declarar el Catastro como un bien público financiado por la nación y no por los municipios constituyen otras herramientas para reducir la inequidad.

¿Cómo cree que va evolucionar el problema del campo y la transición agrícola en el marco de un país sin guerrilla?
Colombia va a ser siempre una promesa incumplida en materia de desarrollo agropecuario mientras tenga el absurdo nivel de acumulación de tierras que tiene y de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Soy pesimista, porque para poder destrabar esos tres nudos gordianos: la acumulación indebida, la inseguridad jurídica y la provisión de bienes públicos de calidad en el campo, se necesita un gobierno que esté interesado en hacer eso.

¿Es una decisión política?
Sí. Eso no necesita una ley. Todas las leyes de Colombia desde 1936 dicen que hay que hacer eso y no se ha hecho.

¿Cómo solucionar los problemas del campesinado en la periferia?
Estamos hablando de cinco millones de campesinos en Colombia, el 10% de la población. Aún solucionando sus problemas de tierras, si se quedaran en predios de menos de diez hectáreas (llamemos a eso minifundio o mediofundio), y se les dieran bienes de utilidad pública de calidad, ocuparían menos del 20% de la tierra productiva en Colombia. De resto tienen, o bosques para proteger o prestar servicios ambientales, o hacer proyectos agroforestales de carácter industrial, o proyectos agropecuarios de mayor escala; sean finqueros entre 10 y 100 hectáreas, o con unidades de más de 100 hectáreas. Las tres cosas se pueden hacer y hay capital y gente para hacerlo.

Pero parte del lío es que hay un problema de ideologización muy fuerte. Hay gente que no acepta sino el minifundio. Hay gente que no acepta sino la agroindustria. Esto es producto de la polarización de la guerra y de la violencia. Sin guerra y sin violencia, planeando un modelo sostenible desde un punto de vista ambiental, social y económico, Colombia puede tener bien a millones de personas en el campo. Pero eso no se hace porque hay una historia de extremos que no se reconocen entre sí porque se han matado desde siempre.

¿Avizora un punto de acuerdo en el futuro?
No lo veo en el corto plazo, porque el nuevo gobierno está en uno de los extremos.

Los siete puntos de la consulta popular o referendo Anticorrupción

1. Reducir del salario de los congresistas y altos funcionarios.
2. Cárcel a los corruptos.
3. Contratación transparente.
4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.
5. Rendición de cuentas de asistencia, votación y gestión de los congresistas.
6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos.
7. Máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Más información en: www.vencealcorrupto.com

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