Conflictos sobre la tierra y los recursos naturales en Colombia: De dónde vienen, para dónde van

Entrevistamos a Johana Herrera Arango, Directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC), de la Universidad Javeriana, sobre la conflictividad territorial en el país, los avances en transformación y los riesgos de regresividad con el proyecto de nueva ley de tierras que pretende modificar a la Ley 160 /1994,  que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

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¿Cómo ha evolucionado la conflictividad sobre la tierra en el país?

“Buena parte de los conflictos de corte agrario están relacionados con la propiedad y tenencia, y se centran en quién puede acreditar mejor el derecho para que el Estado le reconozca la titularidad; son conflictos convencionales en muchas partes, pero por los que en nuestro país históricamente ha habido violencia y muerte. En la evolución de esta conflictividad, surgen otras disputas que tienen que ver con los bienes comunes, el uso y la distribución de los recursos naturales asociados a la tierra; como, por ejemplo, el acceso al agua en una cuenca. En el Cesar, en Guacoche, Guacochito, Badillo, pequeños poblados de la zona rural de Valledupar, tres o cuatro veces al año la gente se queda sin agua porque el cultivo de arroz se lleva toda el agua dulce disponible de la región; se va en el riego de un cultivo que además es fumigado, y ahí tenemos más implicaciones ambientales. Las comunidades necesitan oponerse de manera crítica a estas externalidades ambientales, que llegan a ser despojos. Son conflictos con un principio de injusticia evidente frente a cómo se otorgan los permisos de captación de agua, porque todo está regulado. Entonces, ¿qué es lo que sucede?

“Los conflictos agrarios cuentan con nuevas herramientas para su gestión, pero los conflictos ambientales siguen sin suficientes instrumentos. Y a estos conflictos por uso y medioambientales se agregan los interculturales, con diferentes grupos de personas que reclaman para sí un reconocimiento como sujetos autónomos. Por ejemplo, los campesinos también quieren ser tratados como autoridades en sus territorios, con gobernanza y autonomía; lo que el Estado colombiano jamás ha reconocido. Son posicionamientos estratégicos de la identidad que contribuyen a la protección de derechos pero que en muchos casos agudizan conflictos territoriales.


¿Qué pasa con los avances logrados para la transformación de la conflictividad territorial en el Acuerdo Final de Paz y las leyes de protección a víctimas?

La implementación nos está mostrando que no se está aplicando el principio de la no regresividad. El tratamiento del enfoque étnico en los PDET nos habla mucho de la regresividad del Acuerdo de Paz en términos étnicos. Estos avanzaron sin considerar que tenían que hacer una ruta diferenciada. Al Estado le ha quedado muy complicado administrar la diferencia cultural, entenderla, darle su lugar. La reconoce, pero se queda corto a la hora de operativizar cualquier política. Y el Acuerdo de Paz, que podía ser el espacio innovador de acción y de articulación, volvió a una mirada homogeneizante del mundo rural.

Y en el proyecto de la nueva ley de desarrollo rural (003 de 2018) que busca reformar a la Ley 160 de 1994, el aspecto más regresivo se da en la interpretación de los bienes baldíos donde hay grupos étnicos o poblaciones campesinas. En la mayoría de estos casos estamos ante tierras ancestrales, de poblamiento tradicional. La Constitución había dado un respaldo a esas tierras no demarcadas; ahora hay una regresión que dice que, si no hay formalización de la propiedad son tierras del Estado y este puede decidir qué hacer con ellas. Esto para las comunidades es una gran regresión.

El filtro de la Corte Constitucional podría ser la manera de que no pasen al menos los artículos más nefastos de este proyecto de ley, relacionados con los baldíos, con contratos de uso, en aspectos de equidad e igualdad para las mujeres rurales y en las determinantes ambientales, como las sabanas inundables. Esta ley propone una zonificación en la que ese tipo de ecosistemas pueden estar involucrados de manera decidida en agronegocios, o con la puerta abierta a la exploración (ver comunicado con alertas de organizaciones sobre implicaciones negativas del proyecto de ley 003 de 2018; entre las que firma el OTEC, como parte de la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y el Territorio, ENI)


Lo justo y lo injusto

Johana Herrera nació en Tuluá, Valle del Cauca, y creció viendo los cultivos de caña de azúcar. “Mi papá trabajó en un ingenio toda su vida. Siempre tuve relación con la ruralidad; una memoria campesina muy vigente. Veía en mi infancia que cuando quemaban la caña llovía ceniza; era una pelea con los hermanos por quién tenía que entrar la ropa del patio. Años después, me impactaban los tipos de relación que se daban alrededor de la producción de caña, que configuran una desigualdad muy fuerte en el acceso a la tierra. Con los años, empecé a preguntarme ¿de qué se trata esto? Por un lado, nos están envenenando y por otro, la caña se iba comiendo cada vez más los pequeños poblados. Ahí creció mi inquietud sobre cómo eran las dinámicas de ocupación del territorio. Por qué desaparecían los cuerpos de agua. Luego, al estudiar Ecología, sobre todo desde la Ecología Política y la Ecología del Paisaje, vi cómo están distribuidos los recursos y cómo esa distribución tiene todo que ver con las relaciones de tenencia de la tierra y con las que hoy se denominan desigualdades socioambientales. Lo justo y lo injusto; una racionalidad muy simple, que no necesita de experticia para ser entendida”.


¿Cómo se puede aprovechar el conocimiento ancestral con el conocimiento técnico para la transformación de la conflictividad territorial?

Recuerdo de manera muy contundente el mensaje de Juan Felipe García, profesor, defensor del caso de Las Pavas, abogado y doctor en Antropología, quien contaba en una conferencia que la verdadera experticia él la había podido construir después de muchos años de escuchar a la gente de Las Pavas hablar en sus propios lenguajes, en sus propios códigos, en sus propias maneras de ver el mundo. Se dio cuenta de que en el conocimiento campesino residía toda la racionalidad del Derecho: Qué es justo y qué es injusto; algo que él no había podido entender desde todos los códigos que tenía en la cabeza, ¿Cuál es el principio de justicia y de injusticia que los campesinos han construido en términos de sus relaciones con la tierra? ¿Por qué nos queda tan complicado acercarnos a esas maneras tan simples, pero que son tan orgánicas y tan vitales de las relaciones de la gente con la tierra?
“Tenemos el deber de hacer legible la problemática sobre la tierra; que en muchos casos se comunica de manera encriptada. Es lo que está pasando actualmente con la reforma a la Ley 160: Se ha sofisticado tanto el lenguaje, que cuesta mucho entender qué es cada cosa. Esto, en lugar de ayudar a resolver la conflictividad la aleja más de las personas que deberían interesarse, y que cuando se acercan no pueden comprenderla.

“No hay propiamente un lenguaje del Derecho Agrario, que cuente de manera tranquila y fácil cómo son los procedimientos de acceso a la tierra; cuáles han sido las dificultades en términos de tenencia; por qué hay desorden en la administración de las tierras en el país; cómo eso puede ser funcional al despojo; qué significan, en términos básicos, los derechos de acceso; por qué unos son por vías administrativas y por qué otros son por vías judiciales. Todo eso es un lenguaje altamente especializado, que debería ser de conocimiento común.

“Los abogados y otros especialistas deben aterrizar su lenguaje a la cotidianidad de cómo son las relaciones con la tierra; deben poder hacer legible su conocimiento, con posibilidad de puentes transdisciplinares y de una lectura de la realidad en otra clave. Ese sí que es un mensaje transformador, y eso sí que nos ayudaría a transitar hacia otros estadíos, para que la opinión pública no perciba los temas de tierras como algo críptico, que conocen muy pocos. Necesitamos abogados antidespojo que le pierdan el miedo a hablar sin el código civil o sin el número de la sentencia en la boca”, concluye Johana Herrera.

El OTEC, Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos

Es un espacio interdisciplinar que desde 2009 acompaña procesos comunitarios para investigar temas relacionados con derechos territoriales, desigualdades socioambientales y otros aspectos del ordenamiento y uso del territorio, con el objetivo de búsqueda de las autonomías territoriales de los diferentes grupos identitarios que habitan en el país: Afrodescendientes, campesinado, indígenas; de diversas regiones.

“Hacemos legible esa autonomía, contribuimos a hacerla viable, damos cuenta de los obstáculos para ella y narramos cómo se expresa en las regiones, a partir de qué tipo de procesos históricos de apropiación”, señala Johana Herrera. “Hacemos monitoreo, pero sobre todo hacemos investigaciones situadas, en temas como la viabilidad de la propiedad colectiva para afrodescendientes y la restitución con enfoque étnico y con comunidades campesinas”.

A través de su Sistema de Información Geográfica (SIG), el Observatorio presenta caracterizaciones biofísicas de los territorios en Colombia, nombres locales que no aparecen en la cartografía institucional, demarcaciones de tierras tradicionales, etc., en constante colaboración con el Proceso de Comunidades Negras, PCN, y la organización internacional Rights and Resources Initiative.

Mayor información en:
www.etnoterritorios.org
Sistema de Información Geográfica:
mapas.etnoterritorios.org/mig (con datos de georreferenciación).
consejos.etnoterritorios.org (con fichas sociales).

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