Cinco casos bajo la lupa

Conflictos por tierras y territorio en Colombia

Un cambio que requiere el país para avanzar en la gestión de sus conflictos es ampliar la interpretación de que estos se deben a grupos armados en confrontación con el Estado, hacia el entendimiento de que tenemos una sociedad que aún está aprendiendo a conciliar. En relación con la conflictividad territorial y su posible transformación, conversamos con Olga Vásquez*, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, institución que hace parte de la alianza de la iniciativa ‘Transformemos: Territorios Construyendo Paz’, quien habló de los factores que reproducen las disputas y de cinco casos de conflictos por tierras y territorio en Colombia que actualmente investiga la Universidad dentro de la Iniciativa. Apartes de la conversación.

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Los conflictos territoriales se dan por falencias en el acceso, tenencia y uso de la tierra, y en el goce del derecho a los bienes y servicios del Estado de manera equitativa y con respeto de los enfoques poblacionales; con especial ocurrencia en aquellas regiones donde la acción estatal ha sido limitada.

Con las investigaciones de los cinco casos de conflictos territoriales que acompañamos buscamos trazar la trayectoria que estos han tenido; muchas veces el conflicto se ubica en el momento actual, en el inicial o en ciertos hitos, pero no se tiene la perspectiva longitudinal del mismo. Queremos mirar todas sus fases, cómo algunos actores involucrados lo nombran, y, sobre la base de haberlo nombrado de esa manera, qué han hecho y cuáles han sido sus reacciones. Para recabar las lecciones que quedan, al verlos en retrospectiva.

Nuestra reconstrucción no busca ser solamente un ejercicio académico investigativo sino aportar datos a futuro sobre cómo manejar de manera diferente conflictos que han estado interpelando a estos actores por décadas. Básicamente miramos a dos actores por su centralidad en el transcurso del conflicto: las comunidades y las instituciones del Estado; ambos tienen roles importantes e interpretaciones claves de qué es el conflicto. Buscamos reconstruir las visiones desde la perspectiva de una investigación académica que potencie acciones asertivas hacia la transformación.

Viendo los conflictos en perspectiva amplia con lo que han hecho los dos actores centrales involucrados, podemos entender otras maneras de abordarlos y, si es el caso, acompañar a las comunidades para tener otros diálogos, formas y temas de interlocución que constituyan alternativas para distensionar las situaciones conflictivas. Buscamos cuáles han sido los abordajes, desde el más violento hasta el más dialógico, pasando por los que tienen que ver con instrumentos legales. Queremos identificar esos mecanismos y mostrar su impacto, positivo o negativo.

La investigación tiene un componente clave de articulación entre la academia. El proceso se adelanta junto con cinco universidades públicas locales del país, con capacidad, fortaleza y confianza ganada en las regiones; para que aporten desde allí al entendimiento y a la acción sobre las situaciones. ¡Hay confianza en la objetividad y criterio de las universidades!

Territorios y sus particularidades

Los casos se seleccionaron a partir de estos criterios: 1) Que en el centro estuviera un conflicto por la tierra o por su uso. 2) Que el conflicto tuviera una historia con fuentes suficientes para documentarla y con actores aún protagonistas y dispuestos a participar. 3) Que la universidad local con quien se tiene convenio en la región pudiera tener acceso a la comunidad y un reconocimiento amplio que generara la confianza requerida.

 

 

Así, en el Cesar, en la Serranía del Perijá, se sigue junto con la Universidad Popular del Cesar el conflicto entre población de la etnia Yukpa y campesinos que están pidiendo que se reconozca una Zona de Reserva Campesina (ZRC) cuyo mapa se traslapa con este resguardo indígena.

Ellos tienen relaciones de convivencia de tiempo atrás, a veces violenta, a veces de colaboración e incluso de compadrazgo y familiaridad; cuando se presenta de nuevo la solicitud de los campesinos para la ZRC, se activa el conflicto porque los indígenas entran a reclamar su territorio y se evidencia la tensión entre la forma de organización campesina y la del resguardo indígena. El caso abarca los municipios de La Paz, Becerril y Codazzi.

 

En el Caquetá, la conflictividad tiene que ver con tensiones por regulaciones ambientales en un territorio que las comunidades desean que se reconozca como ZRC. Son 123 veredas, en cuatro municipios: Florencia, La Montañita, El Paujil y El Doncello, con 161.000 hectáreas habitadas por familias campesinas. La normatividad ambiental ha hecho que el anhelo de la comunidad se frene, por razones relacionadas con que en el área está el Parque Miraflores, dentro del cual está el páramo del mismo nombre, correspondiente a zona de conservación.

La planeación de un distrito de conservación de aguas que abarca varios municipios, la solicitud de construcción de una hidroeléctrica y de concesión de títulos mineros y de exploración y explotación de hidrocarburos también se traslapan en el caso. Los ordenamientos ambientales hacen que la declaratoria de ZRC sea discutible o inviable para la ANT (Agencia Nacional de Tierras), entidad que debe emitir la resolución, y generan tensiones entre la comunidad organizada. El caso es acompañado junto con la Universidad de la Amazonia.

En Bolívar y en Córdoba, en casos investigados con la Universidad de Cartagena y la Universidad de Córdoba, respectivamente, se revisan dos situaciones que tienen similitudes: se trata de conflictos por el manejo de zonas que en época de lluvias tienen formaciones de cuerpos de agua, y que cuando ésta baja se convierten en playones y sabanas en las cuales se puede producir. No hay titulación porque son zonas inundables, pero tienen reglamentaciones sobre el uso comunal; el uso inadecuado ha generado en algún momento situaciones tensas entre las comunidades campesinas.

 

 

En Bolívar, el caso se da en el municipio de Arjona, corregimiento de Sincerín, en una zona decretada como playones, de aproximadamente 1.000 hectáreas. Por ser playones, se determinó que cerca del 80% de la zona se declarara de reserva para uso comunal de pastoreo, en el momento en que baja el agua. Sin embargo, en una parte adjudicada a campesinos, ellos encuentran que algunos vienen haciendo actividades de ganadería que no son permitidas. Se han corrido cercas y otras prácticas de alta afectación, que han implicado intervenciones de la fuerza pública, demandas, etc.

 

En Córdoba, el llamado complejo cenagoso del Bajo Sinú, constituido por diversas dinámicas fluctuantes entre el río Sinú y el humedal, se reduce en temporada seca a lagunas o charcos. Allí, se presentan tensiones entre varios actores: indígenas, campesinos, pescadores, artesanos y finqueros, quienes se disputan la posesión de los terrenos desecados. Además, algunos han
construido terraplenes (muros de contención) que evitan que cuando el agua llegue, inunde; hacen que la tierra se seque y la cercan. Esta práctica indebida genera que el caudal de agua se mueva a otras zonas, generando inundaciones intempestivas y otras dificultades porque al agua llega sin control a algunas comunidades. La práctica de los terraplenes la hacen además de terratenientes algunas alcaldías y administraciones locales. Estos hechos tienen influencia en los municipios de Lorica, Cotorra, Momil, Chimá, Purísima y Ciénaga de Oro.

 

 

 

 

En el Meta, el caso de investigación se circunscribe en el Área de Manejo Especial de la Macarena, AMEM, en el municipio de Puerto Rico, veredas El Danubio y Santa Lucía, con el acompañamiento de la Universidad de Los Llanos. Allí, las comunidades están en condiciones de desamparo estatal y vulnerabilidad por habitar en áreas pertenecientes a cuatro Parques Nacionales Naturales (PNN): Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz. Son comunidades campesinas que tienen una historia allí, y el Estado no puede atender sus necesidades por ser zona de conservación. No hay acceso a servicios públicos domiciliarios y se presentan necesidades básicas insatisfechas, con vulneración de los derechos fundamentales.

Aunque el foco de cada caso territorial es diferente, algunas similitudes nos dan la posibilidad de hacer comparaciones y diagnosticar mecanismos replicables, relacionados con la necesidad de articulación de autoridades, normatividad de áreas de conservación, conflictos inter e intra culturales, y revisiones de la legislación que también puede ser generadora de conflictos.

Los hallazgos serán útiles a las organizaciones comunitarias con las que estamos trabajando en cada caso. Si el Estado tiene otras herramientas institucionales, administrativas, judiciales e incluso de ordenamiento, se podrán poner a disposición para trabajarlas de forma aplicada a cada territorio. La meta es que las comunidades se empoderen con el ejercicio y que las entidades públicas vean que su labor puede ser más efectiva para transformar estas conflictividades, y que sean ejemplo para otros.

 

(*) Olga Vásquez es trabajadora social, Ph.D. en Ciencias Sociales de la Universidad Federal de San Carlos, en Brasil, y magíster en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes.

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