Catastro multipropósito: Un instrumento indispensable para la construcción de paz

Zona rural del Municipio Ovejas (Sucre), donde se adelanta el piloto de catastro multipropósito. Foto: Fundación Chasquis

¿Por qué para algunos sectores de la sociedad resulta preocupante que la función catastral en Colombia se maneje desde el sector privado? A continuación explicamos la necesidad actual de poner en marcha un catastro multipropósito en el país, y la importancia de ejercer controles sobre esta labor que ha sido desempeñada históricamente por el Estado.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el pasado mes de marzo la nueva política catastral para Colombia. Según el Departamento Nacional de Planeación (PND) “se define que la gestión catastral es un servicio público, orientado a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información de los bienes inmuebles públicos y privados”.

Esta nueva política que establece la estrategia para la implementación del catastro multipropósito, ha generado diversas reacciones. Si bien el país estaba en deuda no solo de actualizar la información catastral vigente sino de ampliar el alcance de este servicio, hay voces que alertan sobre la necesidad de supervisar a fondo la manera en que dicho catastro multipropósito se va a ejecutar.  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 5,68% del territorio está actualizado, el 28,32% está sin formar y el 66,01% está desactualizado. Unas cifras alarmantes si se tiene en cuenta que, como explica Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), “en los suelos están todas las agendas; la básica en suelos rurales que es la de restitución de tierras, la de la reforma agraria para los campesinos, la del reconocimiento de los derechos étnicos territoriales; pero también están las agendas ambientales, las mineronergéticas, las agroindustriales y las de todo tipo de desarrollo”.

De ahí, entonces, la urgencia para que la política catastral recientemente aprobada por el CONPES se implemente de acuerdo a las necesidades de las instituciones, de la población en su conjunto y de los postulados de la Acción sin Daño.

De acuerdo al documento del CONPES (3958 del 26 de marzo de 2019), son cinco las líneas de trabajo para consolidar la implementación de dicha política. Fortalecer al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual ha sido el encargado de la función catastral en el país; mejorar los insumos para las actualizaciones catastrales; integrar la información catastral al diseño e implementación de políticas públicas y a la gestión del territorio; asegurar los recursos para adelantar la gestión catastral y mantener actualizada la información a través del uso de regalías y líneas de crédito; y crear mecanismos para la implementación del catastro multipropósito en la totalidad del país.

Según la DNP, “se prevé que con esta política y los avances incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, para 2022 estén actualizados 650 municipios, y en 2025 se espera llegar al 100% del país”.

Mojica opina que lo contemplado en el documento del CONPES (3958 del 26 de marzo de 2019) “no es un catastro multipropósito, sino simplemente un paliativo para poder hacer algo con todo este caos de información que hay actualmente”.

Para ella, tal como se contempló en el primer punto del Acuerdo de Paz (Reforma Rural Integral), “dentro de las primeras cosas que se necesitaban era hacer un catastro multipropósito que superara la noción clásica del catastro y permitiera avanzar más en línea de la planificación y el ordenamiento territorial y ambiental, especialmente del territorio rural”.

Aunque se suponía que dicho catastro multipropósito tenía que hacerse, en su momento se acabó el lapso contemplado para las facultades del fast track y nunca se hizo. Mojica explica que hubo bastantes discusiones en torno a qué era lo más adecuado: si un catastro muy moderno y sofisticado o un catastro que pudiera hacerse realmente. “Y en esa discusión, terminó no haciéndose ninguna”.

Pero hay un tema en particular que preocupa hoy a la subdirectora de la CCJ, y es el de una inminente privatización de la función catastral. “Hoy pueden presentarse empresas nacionales y extranjeras y ganarse una licitación para administrar el catastro”, explica.

Hay que aclarar, tal como expuso en una columna de opinión reciente el abogado y académico José Alfonso Valbuena Leguízamo, que esta no es una propuesta exclusiva del actual Gobierno. Valbuena explica que ya en el Documento 3859 del 13 de junio de 2016 (‘Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano’), emitido por el CONPES en el anterior Gobierno, se exponía la necesidad de vincular la participación privada en el financiamiento y la operación de actividades de formación, actualización y conservación catastral, nacional y territorial, “lo cual se reiteró en el Documento Conpes 3951 del 26 de noviembre de 2018 y en el 3958 del 26 de marzo de 2019 del actual Gobierno”.

Pero, ¿cuáles son los riesgos de que una entidad privada termine administrando el catastro de tierras en Colombia?

Según Mojica, son varios. Por una parte, algunas de estas organizaciones no cuentan con la información y el contexto de las problemáticas de un país premoderno en materia agraria, un país que ha sido golpeado por un conflicto armado, el cual dejó aproximadamente seis millones de hectáreas despojadas, que tiene territorialidad étnica que aún no ha sido reconocida como tal, además de una multitud de territorios ancestrales, de zonas de ampliación de resguardos, de zonas de consejos comunitarios de comunidades afro, etcétera.

Por otro lado, cuesta creer que una entidad privada tenga en cuenta que aunque muchos campesinos hoy están en sus territorios, nunca han tenido un título de su propiedad.

En definitiva, el catastro multipropósito no solo es una tarea que urge en Colombia, ya que representa una gran oportunidad para actualizar información indispensable para una planeación adecuada y una buena formulación de los planes de intervención a todo lo largo y ancho del territorio nacional, sino que obliga tanto a las instituciones como a la sociedad en general a poner sus ojos sobre un tema del que depende en buena medida la construcción de paz en el país.

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