Campesinos y líderes sociales de Las Pavas buscan la protección de sus Derechos Humanos

El caso de Las Pavas, la disputa entre una comunidad y una empresa privada por la tierra, es un ejemplo de los retos que existen actualmente en el país y la necesidad de la clarificación de la propiedad con la garantía de los Derechos Humanos de todos los actores involucrados.

Campesinos cantores de Las Pavas.
Foto: Fundación Chasquis

Hace más de 10 años, 123 familias campesinas se asentaron en las tierras de la hacienda Las pavas al sur de Bolívar, que ahora disputan con la empresa  de palma de aceite, Aportes San Isidro S.A. La situación se convirtió en un largo camino jurídico para los campesinos que se organizaron como Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab),  y que han entablado procesos de reclamación de la tierra, alegando “extinción de dominio por inexplotación económica”.[1]

Ewin Torres, conocido como el ‘Monchi Pavero‘, uno de los voceros de la comunidad ha mencionado: “Yo no tengo nada en contra de la palma, es solo una planta, lo que estoy en contra es del proyecto, la manera como lo ejecutan en grandes extensiones desplazando los campesinos de una u otra manera y aprovechándose de la pobreza de la gente”.[2]

Es así como la comunidad de Las Pavas y sus líderes sociales, buscan medidas efectivas por parte de las entidades competentes para que se solucione esta conflictividad territorial, sin desconocerlos y con la garantía de sus Derechos Humanos. Ya que a lo largo del proceso, la comunidad ha denunciado actos de violencia e intimidación por parte de grupos al margen de la ley, así como la quema y envenenamiento de sus cultivos de pancoger  y dos eventos de desplazamiento. Frente a estos hechos, el Consejo de Estado dictó medidas cautelares sobre el proceso de clarificación de la propiedad rural, ordenando la prohibición general de “realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab”.[3]

A pesar de los actos de intimidación, la comunidad de las Pavas ha mantenido su postura pacífica, y por esta razón ganaron el Premio Nacional de Paz (2013) otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el periódico El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, ProAntioquia, Alquería y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia.

El año pasado, aunque se comenzaron las audiencias de juicio por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado contra personas que habrían participado de los actos de expulsión de los campesinos,  los señalados  fueron absueltos en diciembre de 2018 por la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Cartagena, la cual negó que hubieran existido desplazamientos.[4]

Ante el polémico fallo, los campesinos junto al acompañamiento de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, apelarán la decisión alegando que va en contra de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. En un pronunciamiento el abogado Juan Felipe García, menciona: “La sentencia de 5 de diciembre del juzgado segundo penal del circuito de Cartagena es muestra de la falta de comprensión y de solidaridad con las víctimas campesinas que han sufrido los rigores de una guerra que han librado los poderosos para quedarse con las tierras más productivas del país, quitándole esa posibilidad a quienes han nacido y crecido en esos territorios… La Jueza Bueno Bustos, de manera contraria a cualquier interpretación garantista de los derechos humanos de la población desplazada, construye un concepto restrictivo de desplazamiento… Acudiremos a todas las instancias para hacer valer los derechos de los campesinos.”

Como un escenario de participación y sensibilización hacia la situación y comprensión del contexto de este conflicto territorial, la Fundación Chasquis y Associazione REC de Suiza, produjeron el documental llamado “Algún día es mañana”, el cual  hace memoria del caso y a la resistencia pacífica de la comunidad, además de incluir cantos inéditos con los sentires  de los campesinos. El filme está disponible en Youtube y Facebook para el público.

Una propuesta desde la Procuraduría

En relación a las medidas de protección de los líderes sociales en el país, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez,  convocó para este 7 de febrero una sesión extraordinaria de la Mesa por la Protección a la Vida en Carmen de Bolívar. Ésta convocatoria tiene como objetivo concretar acciones contundentes a nivel territorial que pongan freno a la violencia y pérdida de la vida de los líderes, reiterando la importancia de una política efectiva de protección diferencial con dimensión territorial, al respecto mencionó: “Unas son las amenazas contra los grupos étnicos, los indígenas o los afros o los campesinos (…) no se protege de la misma manera a un líder sindical en una ciudad capital que a una persona que está defendiendo los derechos territoriales en las regiones del país, de allí su importancia.” Esta mesa extraordinaria contará con la participación de defensores de derechos humanos y territoriales, junto con el Gobierno Nacional y los comandantes de la fuerza pública.[5]

Enlace de interés:

Si quiere conocer más sobre la línea de tiempo del caso, le recomendamos el artículo de Verdad Abierta: ¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas?

[1]Sexto Informe. Centro Internacional de Toledo para la Paz – CITpax. 2013.

[2]Documental “Algún día es mañana”. Fundación Chasquis y Asociación REC.

[3]Verdad Abierta: ¿Qué pasa alrededor de la hacienda Las Pavas? 1 noviembre, 2017.

[4]Zona Cero: Absuelven a involucrados en caso de hacienda ‘Las Pavas’, en el sur de Bolívar. 7 de diciembre, 2018.

[5]Boletín 11 – Procuraduría General de la Nación: Procuraduría convoca a Mesa por la Protección de la Vida el 7 de febrero en Carmen de Bolívar. 10 de enero, 2019.

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