Campesinos urgen solución a su condición de ocupantes en parque natural La Macarena

El planchón cruza el río con nosotros a cuestas. Brazadas lentas soportando entre crujidos el peso de potentes camionetas, los vehículos idóneos para recorrer los difíciles caminos que nos esperan. 
Las aguas mansas del Ariari en ese punto nos permiten un momento de reposo en medio de una travesía por caminos destapados que comenzó una hora atrás en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, y a la que le falta un tiempo similar antes del primero de nuestros dos destinos de la jornada: la vereda Danubio I. 

Posteriormente visitaremos Santa Lucía, acompañados por personal de la Universidad Nacional y la Universidad de Los Llanos, quienes realizan un proceso de formación a comunidades en el marco del proyecto ‘Transformemos: Territorios Construyendo Paz’.

Foto: Fundación Chasquis

A cuarenta minutos del Ariari, aproximadamente, entramos en predios del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. El camino impacta tanto por la fertilidad de la llanura como por la aparición esporádica de quemas de bosque y deforestación a la vista. Pero hay otra problemática en el territorio, de cariz social y humano, que también urge soluciones de fondo por parte del Estado.

Las comunidades campesinas de estas veredas (Danubio y Santa Lucía), dos de las 49 que hacen parte de Puerto Rico, se enfrentan actualmente a la encrucijada que plantea su residencia en la zona, consolidada por años (en ocasiones décadas) de presencia allí, en contrapeso a las leyes colombianas que propenden por la protección de las áreas que conforman los parques naturales del país.

Según el estudio del caso hecho por la Universidad Nacional, “la ocupación de las comunidades campesinas en estos territorios protegidos en principio contraría los presupuestos de conservación para los cuales están destinados estos bienes. No obstante, a lo largo y ancho del territorio nacional, las comunidades campesinas han ocupado estas tierras en busca de mejorar su calidad de vida”.

Pero, ¿cómo pudieron vivir estas comunidades durante tantos años en predios en los que, por norma, se prohíbe su ocupación?

La explicación estaría en que solo hasta mediados de la década del 2000 la entidad Parques Nacionales Naturales (PNN) empezó a hacer presencia en la zona, en donde la comunidad ya completaba largo tiempo afectada por las dinámicas del conflicto armado y especialmente de la lucha antidrogas. Las acciones militares, pero sobre todo la erradicación de cultivos de uso ilícito por medio de fumigación aérea, escalaron las tensiones entre el Estado y el campesinado durante años.

El investigador de Dejusticia, Carlos Eduardo Olaya, miembro del equipo técnico de la Delegación Campesina en la Mesa de Concertación Nacional con PNN durante el 2018, explica las restricciones que impone el Régimen Jurídico de las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) a los campesinos que habitan actualmente dentro del parque.

Para Olaya hay tres tipos de limitaciones de tipo jurídico, las cuales, en síntesis, “implican inseguridad en las tenencias y transacciones que realizan materialmente los campesinos que habitan estas áreas protegidas, y el cierre de posibilidades para que los campesinos se garanticen un sustento, así sea mediante actividades productivas sostenibles”.

La primera limitación hace referencia a la tenencia de la tierra. La normatividad colombiana aclara que los parques naturales están por fuera del mercado formal de tierras y de la política de acceso a estas mediante adjudicación de baldíos. La segunda limitación concierne al uso de la tierra, ya que la ley propende para que dentro de los parques naturales exista la mínima intervención humana. Y la tercera limitación corresponde a temas de ordenamiento. En ese sentido, Olaya aclara que no puede eliminarse alguna porción del polígono de las áreas del SPNN. Esto impide que se puedan hacer correcciones en la delimitación de los parques, que son necesarias en casos donde es imposible cumplir con los objetivos de conservación debido a la magnitud de la intervención humana.

Ante este panorama legal, las cartas parecerían echadas. Sin embargo, como explica la investigación de la Universidad Nacional, “el corazón del conflicto territorial en el cual PNN es actor principal radica en la contradicción de estas normas con la ocupación histórica que los campesinos han hecho en estas áreas a causa de las dinámicas de violencia y pocas oportunidades, lo que condujo a la búsqueda de nuevos territorios para la supervivencia, donde la concurrencia de actores armados es una constante debido a la débil presencia estatal”.

Para Sandra Pinzón, investigadora de campo de la Universidad de los Llanos, los programas de educación, salud y productividad del Gobierno, por ejemplo, ya no llegan a estas comunidades debido a su condición de habitantes en zonas donde no son reconocidos legalmente.

Los campesinos, por su parte, alegan incumplimiento del Estado en sus compromisos previos en temas como la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros. Además, piden casi de forma unánime que la institucionalidad dialogue con ellos, como hizo en su momento a través de la Mesa Nacional de Concertación, un mecanismo creado en 2014 que tiene como tarea la formulación y gestión de la política pública participativa para la solución de conflictos territoriales en áreas del sistema de parques naturales.

Nuestra visita, realizada a comienzos de este mes, nos permitió conocer de primera mano la realidad actual de las comunidades de estas dos veredas, sus reclamos, sus peticiones, y lo más importante, sus propuestas y soluciones para una resolución pacífica y dialogada al problema.

Ver video para la posición de la comunidad a través de la voces de sus líderes y lideresas.

Solo hasta el 2004 los habitantes de Danubio supieron que parte de su vereda estaba dentro del área protegida, cuando descubrieron que la nueva delimitación del parque de la Macarena marcaba sus límites en el río Cafre, y no en el caño Cabra como se pensaba hasta entonces. Este hecho, aún hoy, genera inconformidad dentro de la comunidad.

Fuente: Investigación de la Universidad Nacional ‘Abordajes hacia la transformación: Una mirada desde el enfoque de Acción sin Daño a los caminos tomados por comunidades e instituciones en torno a cinco casos de conflictos agrarios y rurales’.

La comunidad campesina que habita las veredas el Danubio y Santa Lucía, aproximadamente en los años 60 inició la colonización de la zona y tiene como principal interés la ocupación del territorio que le permita aclarar los posibles escenarios para el ejercicio de sus derechos sobre la tierra.

Fuente: Investigación de la Universidad Nacional ‘Abordajes hacia la transformación: Una mirada desde el enfoque de Acción sin Daño a los caminos tomados por comunidades e instituciones en torno a cinco casos de conflictos agrarios y rurales’.

COLORES DE LA REALIDAD CAMPESINA EN EL PARQUE DE LA MACARENA:

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