Fases Previas

En el año 2011, Colombia continuaba sumergida en un conflicto armado en ese entonces ya cercano al medio siglo de duración. Las muertes ocurrían principalmente en zonas rurales, así como el desplazamiento y el despojo de tierras, que los sobrevivientes debían afrontar con la consiguiente pérdida de sus proyectos productivos y de vida (ver cifras hasta el año 2013 en el informe ¡Basta ya! Memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia).

La estructura agraria inequitativa del país se había agravado por la afectación de la tenencia de la tierra asociada al conflicto. En ese año, el Congreso expidió la Ley 1448 de Reparación Integral a Víctimas, que incluyó la restitución de tierras como una medida para atender una de las principales causas de la perpetuación de la guerra.

Coincidió en su momento el interés de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –Dejusticia, y la Embajada de Suiza en Colombia –Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), de apoyar desde sus competencias la tarea restitutiva que emprendería la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y creada dentro de la Ley 1448 con horizonte al año 2021, para “restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno del país”.

Fue así como inició el acompañamiento a la política de restitución de tierras por parte de la Universidad Nacional, Dejusticia y la COSUDE, entre 2011-2016, para conjugar en ella los aportes de la Justicia Transicional y del enfoque de Acción sin Daño para la Construcción de Paz (ASD-CP), con el ánimo de contribuir al adecuado acceso y disfrute del derecho a la restitución por parte de sus titulares.

Así, se adelantó un proceso de formación a funcionarios de gobierno, magistrados, jueces y operadores humanitarios, para planificar e implementar la restitución reduciendo los impactos negativos que la política pública, diseñada en un contexto de crisis humanitaria, pudiese generar. Se buscaba evitar la revictimización de las personas en situación de desplazamiento forzado, o generar nuevas afectaciones sobre esa población o sobre otros actores vulnerables como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de la Justicia Transicional, que utilizan los Estados para hacer el tránsito de conflictos (guerras civiles o violaciones masivas de Derechos Humanos) hacia contextos de consolidación de la democracia y la paz.

La Iniciativa aportó herramientas metodológicas y diagnósticos para nutrir – desde el enfoque de ASD-CP – el proceso de implementación de la política de restitución de tierras con la observación y el análisis de lo que ella desencadenaba en el territorio, y así contar con elementos de juicio para formular los correctivos necesarios que minimizaran los riesgos de vulneración de derechos y potenciaran las oportunidades para asegurar una adecuada restitución de tierras en cada circunstancia.

Un ejemplo se presentó con los Segundos Ocupantes (es decir con la población campesina que enfrenta alguna condición de vulnerabilidad, que ocupó las tierras reclamadas en restitución, y que no tuvo ninguna relación ni tomó provecho alguno del despojo, según definición proporcionada por la Corte Constitucional en Sentencia C-330-16), cuya situación permitió analizar el impacto de la intervención de las autoridades y conducirla hacia la adopción de decisiones que consideraran la situación de todas las partes involucradas y propendiera por mitigar las afectaciones que pudieran experimentar los ocupantes secundarios, del deber de restituir a las poblaciones originalmente despojadas de sus tierras y territorios.

Se encontró que con el enfoque de ASD-CP, se logran incorporar herramientas y mecanismos alternos que, al considerar a todos los actores merecedores de protección, pueden contribuir a la transformación positiva de los conflictos asociados a tierras y territorios.

 

Logros destacados:

  • Herramienta HAS

La Herramienta de Análisis Situacional (HAS) es uno de los aportes que esta Iniciativa hizo a la política de restitución, y que permite realizar un diagnóstico, a través de la aplicación de cinco matrices, del contexto microfocalizado de cada situación a analizar; detallando su historia pasada y presente, sus dimensiones sociales, ambientales, económicas, culturales y políticas, para facilitar la identificación de todos los aspectos descriptores del caso, de los actores adversos y aliados, del tipo de impactos que pueden generarse en cada contexto, y qué riesgos pueden amenazar al proceso, a los funcionarios y a las comunidades.

De esa manera se complementó el trabajo de análisis de contexto que la URT venía haciendo, a través de la lectura histórica de los hechos que ocurrieron en torno al despojo y al abandono de las tierras, y se le retroalimentó con la mirada del ‘hoy’, derivada de los instrumentos contenidos en la HAS.

La HAS ayuda a hacer la observación cualificada del contexto y a construir opciones propias a las problemáticas específicas del territorio, para fortalecer el trabajo social y dar soporte al ejercicio probatorio de los procesos jurídicos y las estrategias de intervención con comunidades e instituciones.

Descargar Herramienta de Análisis Situacional, HAS

  • Formación a Jueces, Magistrados y Ministerio Público

En el año 2014, inició la estrategia de formación integral a funcionarios judiciales y del Ministerio Público en torno al concepto de Justicia Transicional y al proceso de restitución. La formación buscó estimular el intercambio de saberes y experiencias sobre los principios y criterios de aplicación de la acción de restitución de tierras, para profundizar la reflexión más general sobre la Justicia Transicional y el enfoque de Acción sin Daño, y comprender el carácter especial y excepcional del proceso restitutivo.

La formación se materializó en varios conversatorios: unos internos, de la especialidad de restitución de tierras; y otros mixtos, con instituciones relacionadas con la implementación de las diversas herramientas de Justicia Transicional en el país. A partir de los conversatorios mixtos, que tuvieron el carácter de Encuentros Nacionales de Justicia Transicional, se logró posicionar entre diferentes actores la importancia de entender las herramientas de la Justicia Transicional como un todo, de modo que fuese posible una mayor articulación entre ellas, así como promover la coherencia entre las diferentes jurisdicciones.

En desarrollo de esta labor se elaboró el Macrocurrículo en Justicia Transicional, para incorporarlo en la labor de formación de jueces y magistrados en restitución de tierras adelantada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El Macrocurrículo precisó los componentes conceptuales y normativos que orientaron la redacción de los módulos específicos de formación, y les aportó a los funcionarios conocimientos y herramientas útiles para su labor en el marco de la Justicia Transicional.

  • Pruebas sociales: líneas de tiempo y cartografías sociales; ejercicios hechos con las comunidades, que en Derecho ordinario suelen no tener valor como prueba y con la Justicia Transicional y la Acción sin Daño adquieren carácter probatorio.